Ibagué. La Fiscalía General de la Nación realizó la imputación de cargos a cinco particulares y dos servidores públicos por hechos relacionados con el contrato de ampliación, adecuación y remodelación del estadio Manuel Murillo Toro.
Los siete imputados fueron acusados de múltiples delitos contra la administración pública, estos habrían ocurrido en el 2015 cuando Ibagué se preparaba para ser sede de los XX Juegos Nacionales y Paranacionales. Cabe recordar, que por el desfalco en las obras de los escenarios deportivos el exalcalde Luis H. Rodríguez fue enviado a la cárcel.
Los delitos
Los siete acusados al parecer habrían participado en una serie de irregularidades registradas en el contrato de obra 078, cuyo objeto contractual era la ampliación, adecuación, y remodelación del estadio Manuel Murillo Toro por un costo de más de 13 mil millones de pesos.
Los cinco particulares y los dos funcionarios públicos fueron imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales; interés indebido en la celebración de contratos; cohecho por dar u ofrecer; falsedad en documento público; falsedad en documentos privados; fraude procesal; cohecho propio, y peculado por apropiación.
Los imputados
Las siete personas que recibieron la imputaciones por los delitos mencionados, fueron: Mario Fernando Espitia Sánchez, representante legal de la Unión temporal Murillo Toro; Jesús Octavio Acosta, representante legal Constructora A&C S.A; Luis Jorge Cortés Franco, director de interventoría de la Constructora A&C S.A; Fernando Aljure Naranjo, representante legal principal de la Unión temporal Murillo Toro; Federico Cardona Pabón, representante de Río Arquitectura y socio de la Unión temporal Murillo Toro; Leonardo Alexánder Valero y Mauricio Campos del Cairo, ex asesores del Imdri. Estos dos últimos están privados de la libertad por otros hechos dentro de la misma investigación.
Ninguno de los investigados aceptó responsabilidad en los hechos, sin embargo la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad para Fernando Espitia Sánchez, y no privativa para Luis Jorge Cortés Franco, las cuales serán resueltas el próximo 24 de agosto.
Dato: El contrato por el que están siendo investigadas las siete personas tuvo un costo de más de 13 mil millones de pesos.
