Desde noviembre del año pasado, las comunidades indígenas y campesinas de Natagaima mantienen un bloqueo en la entrada del relleno sanitario Pacandé, en protesta por el impacto ambiental que ha generado su ampliación y la falta de consulta previa. La controversia se remonta a 2020, cuando se autorizó que el relleno recibiera residuos de 13 municipios, a pesar de que originalmente solo debía recibir desechos de Natagaima y Coyaima. Los manifestantes denuncian que la ampliación no tuvo en cuenta la cercanía de veredas habitadas por comunidades indígenas ni las fuentes hídricas cercanas.
La veeduría ciudadana «Natagaima no quiere basuras de otros municipios» ha sido clave en la resistencia, señalando irregularidades en el contrato firmado en 2023 entre la Alcaldía del entonces alcalde David Mauricio Andrade Ramírez y el consorcio operador del relleno. Este acuerdo, con una duración de 30 años y beneficios mínimos para el municipio, ha sido criticado por otorgar grandes ventajas económicas al concesionario, mientras que el municipio recibe solo un 3% de los ingresos, es decir, un millón ochocientos mil pesos mensuales.
Asimismo, los habitantes de la región han denunciado las pésimas condiciones en el relleno, donde los malos olores, la proliferación de roedores y moscas, así como el riesgo de contaminación de fuentes hídricas, son una constante. A pesar de las visitas de Cortolima y otras entidades gubernamentales, los manifestantes aseguran que no se han realizado mediciones ambientales adecuadas y que los informes oficiales minimizan la magnitud del problema.
La situación se ha agravado con la crisis sanitaria derivada de la falta de recolección de basuras en Natagaima. La comunidad permitió temporalmente el ingreso de residuos locales, pero el consorcio se negó a recibirlos a menos que se reabriera el relleno para todos los municipios. En respuesta, los manifestantes exigen la anulación del contrato y la implementación de alternativas sostenibles para la gestión de residuos.Mientras tanto, la lucha continúa. Los desechos de la región se están enviando al relleno sanitario La Miel en Ibagué, mientras que la veeduría sigue su resistencia legal y social. La comunidad espera una respuesta del Tribunal Administrativo del Tolima sobre la demanda interpuesta, buscando proteger su derecho a un ambiente saludable.
