La Fiscalía 34 Seccional de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública imputó de cargos a los exalcaldes de Piedras, Rogelio Montealegre Murillo, (2008 – 2011) y Arquímedes Ávila Rondón (2012 a 2015), por presuntas irregularidades cometidas en 2011 en un contrato para la construcción del alcantarillado de aguas negras y sus obras complementarias en la vereda Campoalegre, ubicada en zona rural del municipio.
De igual manera, fueron judicializados Jhon Paul Peña Rojas, exasesor de la secretaría de Planeación y obras públicas de la alcaldía de Piedras durante 2011; Gloria Piedad Reyes Ariza, asesora de planeación para el mismo periodo de tiempo, y Alberto Casabianca Moreno, interventor en ese entonces.
El delegado del ente acusador en audiencia virtual ante el juzgado Promiscuo Municipal de Alvarado, imputó a los implicados como presuntos responsables de delitos como: contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado y prevaricato por omisión. Ninguno aceptó su responsabilidad en los hechos.
El contrato
Los hechos imputados están relacionados con la celebración y ejecución del contrato de obra número 113 del 19 de noviembre de 2011, por un monto de mil 157 millones 467 mil 975 pesos, cuyo objeto era la construcción del alcantarillado de aguas negras y sus obras complementarias en la vereda Campoalegre.
Montealegre Murillo, como alcalde de Piedras, en 2011 tramitó el contrato con Benjamín Orlando Arana Osuna, al parecer, sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales. Por su parte, Peña Rojas, asesor de la Alcaldía, habría participado en el trámite inobservando requisitos esenciales en los estudios previos.
Entre tanto, Ávila Rondón, como mandatario local en 2012, liquidó el contrato haciendo caso omiso a las supuestas irregularidades.
Presuntamente los investigados permitieron que el contratista Arana Osuna se apropiara de cerca de 290 millones de pesos, suma que le fue pagada por actividades y obras que nunca ejecutó.
Asimismo, habrían permitido que Casabianca Moreno, interventor del contrato, se quedara con 86 millones de pesos, aproximadamente, dinero que le fue pagado por actividades que tampoco fueron ejecutadas.
Mientras todo esto ocurría, al parecer, los imputados habrían falsificado documentos públicos y privados.
Por último, Jhon Paul Peña Rojas, Gloria Piedad Reyes Ariza y Alberto Casabianca Moreno, supuestamente rehusaron cumplir sus funciones; los dos primeros como supervisores y el último, como interventor, pues no realizaron la vigilancia al contrato tal y como lo exige la ley.
