IBAGUÉ. Desde enero del año pasado cuando un grupo de personas se tomó cerca de 300 casas, tanto propietarios como algunos invasores que aún permanecen allí, esperan soluciones a los diversos problemas de la Urbanización Nueva Castilla sin que hasta el momento se haya visto algún avance significativo, excepto el de la recuperación de algunas casas.
Édgar Bravo, residente del sector, afirmó que la administración pasada, encabezada por el ex alcalde Jesús María Botero, les entregó a los beneficiarios una urbanización incompleta en cuanto a infraestructura y aspectos legales: “Hay casas que tienen una cantidad de problemas. Hemos protestado, hicimos acuerdos con la Gestora Urbana y no ha sido posible que nos tengan en cuenta”, dijo.
Además del pésimo estado de las vías del lugar y la falta de canalización de aguas lluvias, entre otros inconvenientes, algunas casas aún no cuentan con los servicios de agua y luz:
“La Gestora no nos ha entregado como debe ser. No tenemos medidores de agua legales. Nos instalaron unos de plástico. Los metieron a la carrera y del Ibal nos dicen que no hay una solución viable porque la urbanización no está completamente legalizada y no aceptarán obras a medias”, precisó Bravo.
SEPARADOS POR LA CASA
Marisol Osorio y su esposo Javier Sánchez llevan nueve meses separados, pero no por problemas en su relación de pareja, sino porque su casa no tiene agua ni luz, pero alguien debe cuidarla para evitar que vuelva a ser invadida.
“Vengo a dormir acá porque no puedo dejar la casa sola. Estoy cuidándola desde el 22 de marzo. Hemos oficiado derechos de petición, tutelas y en ningún momento nos han dado respuestas”, dijo.
La señora Osorio agregó que debe pagar arriendo en otro lugar para tener a sus hijos en condiciones dignas mientras les solucionan el problema: “Tenemos las tejas rotas, no tenemos agua ni luz, pero nos llegan los recibos de pago de la casa”, concluyó.
PERSONERÍA HA INSISTIDO
Desde que comenzó la recuperación de predios por vía judicial, la Personería de Ibagué ha realizado un acompañamiento tanto a los afectados por la invasión como a los ocupantes de las casas mediante acciones de tutela, en un proceso que por sus condiciones ha sido demorado:
“Se le cobraba a la gente servicios públicos sin siquiera tenerlos y estuvimos pendientes para que se corrigiera esa anomalía. En cuanto a las vías, estamos cansados de oficiar a la Secretaría de Infraestructura para que le ‘pare bolas’ (sic) a lo que tiene que ver con las calles. Este barrio fue entregado y por lo menos, debe tener las vías con recebo y en un estado que pueda garantizar una movilidad segura”, dijo Isaac Vargas Morales, personero de Ibagué.
En cuanto al tema de legalización, el funcionario concluyó que se han hecho las observaciones respectivas debido a que el proyecto tuvo problemas de cierre financiero, que incluso amenazaron conque Ibagué fuese sancionada e inhabilitada para adjudicación de subsidios de Vivienda de Interés Social en las próximas vigencias:
“Al no haber cierre financiero era difícil que se concluyera el proyecto. Estamos sujetos a la sentencia de la Corte Constitucional. Logramos capotear esa amenaza, con la esperanza de un pronunciamiento pronto para dar una solución inmediata”, concluyó Vargas Morales.
DISCORDIAS ENTRE VECINOS
La presidenta de la Junta de Acción Comunal del cuarto sector de Nueva Castilla, Aurora Sánchez, indicó que la situación ha provocado un constante ‘tira y afloje’ entre dueños e invasores que han complicado últimamente la convivencia en el barrio: “Hemos hecho asambleas, siempre han participado todos, pero hay chismes que provocan problemas y no podemos volver como al principio, que nos agredían y vivíamos atemorizados”, dijo.
“Estas casas tienen sus propietarios que las exigen, se está formando una guerra. Queremos que los beneficien a ellos para nosotros poder vivir tranquilos”, concluyó la líder.
OSCAR BORJA
