IBAGUÉ. Sin la presencia del alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, se llevó a cabo la audiencia preparatoria de juicio en el proceso que se adelanta en su contra, por el delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, tras las presuntas irregularidades que se cometieron en el convenio suscrito con la Corporación Festival Folclórico Colombiano para la instalación y mantenimiento del alumbrado navideño de 2016.
Hecho
Un nuevo capítulo se escribe en la investigación que adelanta la Fiscalía 38 adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, tras anexar al proceso una nueva prueba que pondría en tela de juicio el actuar del Mandatario municipal, con respecto a los trámites contractuales que dieron lugar al alumbrado navideño de 2016.
Según la Fiscalía, se habría incurrido en el delito de falsedad ideológica en documento público y en supresión y destrucción de documento público, dado que dentro de la revisión que hizo el ente acusador a los documentos que reposan en las secretarías de Cultura y Turismo municipal, la Oficina de Contratación Municipal y la Corporación Festival Folclórico Colombiano, relacionados con el contrato, no se halló el documento original del acta modificatoria de la cláusula décimo novena del convenio 1918 del 11 noviembre de 2016, en la que supuestamente se faculta a la Corporación Folclórica para subcontratar la instalación del 100 por ciento de las luces navideñas.
Al parecer, el abogado defensor presentó una copia de dicho documento y no el original, lo que despertó la inquietud de la Fiscalía, toda vez que la fotocopia no tenía el logo de la Alcaldía, ni pie de página, entre otras inconsistencias. De este modo, la delegada de la Unidad de delitos contra la Administración pública, solicitó compulsar las copias para que se investigue esta novedad dentro del proceso.
Dato
La Fiscalía tiene cerca de 17 testimonios como material de prueba para otorgarle responsabilidad al Alcalde de Ibagué, en los delitos endilgados. Entre ellos, la versión de Betty García, directora de la Corporación Festival Folclórico, y los representantes legales de las tres empresas que hicieron efectivo el cuestionado contrato.
