El exalcalde de Prado, Álvaro González Murillo, fue imputado de cargos por la Fiscalía debido a presuntas irregularidades en la celebración de 17 convenios, que fueron suscritos por una empresa creada, al parecer, con el único fin de apropiarse de dineros públicos.
El ente acusador le achacó cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, prevaricato por acción y peculado por apropiación agravado.
Como parte del proceso, además fueron imputados de cargos Diana Carolina Romero Yara, exsecretaria de Desarrollo Social; Daniel Francisco Murillo Cupitra, primo del exmandatario; Sindy Lorena Lozano Cabezas, esposa del primo y supuesta fundadora de la asociación contratante; y Gladys Lucía Cabezas Leonel, su suegra.
¿Qué pasó?
Los hechos investigados ocurrieron en 2016 cuando fueron celebrados convenios con la Asociación Danylor Logrando Renovación para Colombia. El objeto de los mismos era desarrollar actividades lúdicas, brigadas de salud, actividades deportivas de diferentes colegios, proveer alimentación escolar, atención de transporte, organizar fiestas folclóricas del arroz, entre otros fines.
La entidad sin ánimo de lucro, como cooperante, tenía que aportar 15 millones 800 mil pesos, los cuales no fueron entregados, al parecer, mediante maniobras engañosas con las que habría simulado el pago.
El valor de los contratos celebrados entre el 15 de julio y el 21 de diciembre de 2016, ascendió a 414 millones 459 mil 324 pesos, de los cuales el municipio transfirió a la asociación contratante 398 millones 659 mil 324 pesos.
Presuntamente el exalcalde al momento de asumir el cargo creó la empresa con su primo Murillo Cupitra, todo con el fin de darles contratos a él y a sus parientes. Así, se habría incurrido en manejos amañados a los recursos públicos a través de contratos bajo la figura de convenios.
El ente acusador investiga la existencia de otra empresa creada bajo las mismas condiciones y con los mismos fines ilícitos. Ninguno de los imputados aceptó los cargos achacados.
Estuvo detenido por otro proceso
Álvaro González Murillo fue alcalde de Prado entre 2016 y 2019. Fue capturado en enero de 2018 y estuvo con detención domiciliaria por una investigación por las presuntas irregularidades en la contratación para la construcción del puente Río Negro, para la cual se declaró urgencia manifiesta con el objetivo de adjudicar de manera directa el contrato por más de dos mil millones de pesos, evadiendo así el proceso de licitación pública.
Por este proceso fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, prevaricato por acción, fraude procesal y falsedad en documento público.
