REDACCIÓN Q’HUBO – qhuboibague@gmail.com
La Fiscalía 27 Seccional de Delitos Contra la Administración Pública, imputó cargos a los 25 servidores públicos que fueron capturados por hechos de corrupción dentro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) del Tolima. Todos conformarían la organización ‘El Instituto’.
La diligencia se adelantó ante el Juzgado Octavo de Control de Garantías de Ibagué, en la cual la Fiscalía detalló cómo operaba la banda integrada por servidores del Igac y Cortolima.
Los imputados supuestamente cobraban diferentes sumas de dinero a cambio de direccionar trámites de manera en ambas entidades. Asimismo, los señalan de modificar de manera irregular los montos de los recibos del predial; efectuar correcciones de área y adelantar el englobe y desenglobe de predios. También, los acusan de tramitar de manera fraudulenta licencias ambientales para beneficiar constructoras sin importarles el daño ambiental en los ecosistemas. El Fiscal dijo que cada funcionario cumplía un rol específico. Destacó que el Director territorial del Igac se encargaba de ordenar a las demás integrantes de la organización para que cumplieran los requerimientos de Luis Carlos López Guevara, conocido como ‘El Relacionista’, quien enviaba a conocidos, recomendados para agilizar trámites como englobes, modificación de planos, entre otros. Una de las detenidas prestaba su cuenta Nequi para recibir dinero producto de estas ilicitudes.
Las imputaciones
1. Mauricio Fernando Mora Bonilla. Director Territorial del Igac. El ente acusador le imputó dos eventos. Uno por haber recibido una cava de pescado de la Alcaldía de Ambalema a cambio de un trámite catastral y el segundo, el haber omitido un acto propio de sus funciones debido a que no adelantó un proceso disciplinario al servidor público Harol Marlin Rodríguez Lizarazo, quien a su vez llevó a cabo un trámite irregular donde tenía intereses propios. Se trató de las modificaciones de un terreno, apartamentos y parqueaderos sin haberse declarado impedido.
Por estos hechos, le imputó los delitos de concierto para delinquir, cohecho impropio y prevaricato por omisión.
2. Julián Felipe Charry Reyes. Funcionario del Igac. Presuntamente, el 4 de diciembre de 2020 recibió en su cuenta de Bancolombia 700 mil pesos provenientes de Marlon Solano para ejecutar un trámite catastral en los predios Los Lagos y Playarrica, en Líbano. Además, al parecer, recibió de la misma persona 200 mil pesos para un trámite catastral relacionado con el desenglobe de un predio. Por estos hechos le imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir y cohecho impropio.
3. Daniel Francisco Flórez Castro, funcionario del Igac a quien le imputaron tres eventos, uno del 11 de agosto de 2021 porque presuntamente le pidió dinero a Guillermo Vargas para efectuar trámites catastrales en Purificación; otro del 8 de abril de 2021, cuando al parecer le pidió 800 mil pesos a un ciudadano para elaborar una resolución de actualización y hacer un englobe. Recibió el dinero vía Efecty. Por último, el 11 de marzo de 2021, cuando al parecer abusando de sus funciones aceptó una promesa remuneratoria de Carlos Andrey Gómez, a cambio de implementar una resolución por el cambio de propietario de un bien. Por estos hechos le imputó cargos por concierto para delinquir, concusión y cohecho impropio.
4. Camilo Alejandro Chamorro Rojas, funcionario del Igac. Al parecer entre noviembre de 2020 y junio de 2021 le solicitó a Luis Carlos López Guevara el pago de 200 mil pesos para la elaboración de unos dibujos. Por estos hechos le imputaron cargos por concierto para delinquir y concusión.
5. Fabián Ardila Roa, funcionario del Igac. Presuntamente, el 10 de agosto de 2021 recibió 400 mil pesos que habría compartido con un tramitador para ejecutar un trámite catastral en el predio ‘Casita de Viveros’; el segundo evento, al parecer, ocurrió entre septiembre y octubre de 2021, cuando se habría acordado el pago de 200 mil pesos para ejecutar un trámite catastral de desenglobe. Por estos hechos la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir, concusión y cohecho impropio.
6. Carlos Javier Lugo Botero, funcionario del Igac, al parecer solicitó dinero para unos viáticos para ir a Melgar al condominio La Estancia para hacer un trámite catastral de corrección y al parecer recibió un millón de pesos para un trámite catastral para una persona prestante en Purificación. Por estos hechos le imputaron cargos por concierto para delinquir, concusión y cohecho impropio.
7. Luis Carlos López Guevara, contratista del Igac. Sería el líder de toda la organización a quien la Fiscalía le imputó cerca de 15 eventos. Le achacó los delitos de concusión en siete eventos; cohecho impropio en dos eventos; cohecho impropio, siete eventos como autor; cohecho por dar u ofrecer, ecocidio y daño a los recursos naturales.
Los hechos por los cuales lo investigan sucedieron entre enero de 2020 y noviembre de 2021. De acuerdo con la Fiscalía, López Guevara solicitaba entre 350 mil pesos y cinco millones de pesos a cambio de efectuar diferentes trámites como la expedición irregular de un acto administrativo de un predio en Mariquita; la expedición de la resolución de un avalúo en Fresno y el desarrollo de trámites catastrales de un predio en Cajamarca.
Asimismo, la rectificación del área de varios predios, entre ellos uno en Ambalema y otro en Murillo; también un trámite administrativo catastral en el cual le rebajó la tarifa del impuesto predial a un predio en Rovira y la elaboración de una resolución por un predio en la vereda El Corazón, del mismo municipio. Por último, lo investigan por el desenglobe y por efectuar un trámite para la constructora El Poblado en la vereda Brasil, de Carmen de Apicalá, acción que provocó un daño masivo, grave y sistemático en los ecosistemas de la zona.
8. Andrea Milena Gutiérrez Galindo, contratista del Igac. Presuntamente, el 31 de julio de 2020, junto con Luis Carlos López Guevara, aceptó dinero de una constructora a cambio de expedir resoluciones, efectuar un trámite expedito y de que los trámites catastrales fueran entregados. Por estos hechos le imputaron cargos por concierto para delinquir y cohecho impropio.
9. Cristhian Daniel Calderón Caballero, funcionario del Igac. Presuntamente recibió dinero para elaborar la resolución 1731 en un predio de la vereda El Corazón, de Rovira. Le imputaron cargos por cohecho y concierto para delinquir.
10. Manuel Antonio Lis Díaz, funcionario de Igac. Presuntamente el 24 de agosto de 2020 accedió al sistema informático del Igac y se mantuvo dentro del mismo para autorizar a Yussi Yarleth Sierra Salazar con el propósito de generar los actos administrativos de 190 predios ubicados en Carmen de Apicalá. Por estos hechos fue imputado por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático y concierto para delinquir.
11. Sandra Alejandra Villaló Rojas. Sería la digitadora de Luis Carlos López Guevara. Habría participado en llamadas telefónicas para concertar la elaboración de actos administrativos y al parecer accedió de manera remota a la plataforma del Igac. Ella trabajaba en la jornada de la mañana o en la de la tarde desde su casa, desde donde supuestamente elaboró resoluciones entre marzo y julio de 2021. Por estos hechos fue imputada por el delito de concierto para delinquir.
12. Juan Alexander Roa Lozano. Secretario de Planeación de Ambalema. Fue imputado por los delitos de cohecho y concierto para delinquir. Presuntamente, el 27 de septiembre de 2021 le dio a Luis Carlos López Guevara una cava de pescado para adelantar un trámite catastral en el cual tenía interés la Alcaldía del mencionado municipio.
13. Diego Armando Reyes Ávila. Oficial de catastro del Igac. Fue imputado por los delitos de concierto para delinquir y concusión. Al parecer, el 7 de diciembre de 2020 fue contactado por Luis Carlos López Guevara con el fin de proferir un acto administrativo catastral para legalizar un barrio en Fresno.
14. Óscar Fernando Cardozo Osuna y Fernando José Alcántara Guzmán. Funcionarios de Cortolima. Fueron imputados por los delitos de cohecho impropio en dos eventos, concierto para delinquir y ecocidio. Presuntamente, entre mayo y noviembre, y entre julio y octubre de 2021, al parecer recibieron cerca de 30 millones de pesos para adelantar el cambio de un acto de licenciamiento del predio Viña del Mar, a cargo de la Constructora el Poblado, en Carmen de Apicalá. Supuestamente, para tal fin intervinieron como contacto de Cortolima y se encargaron de obtener la carpeta con los inventarios de la constructora El Poblado, esto con el compromiso de elaborar el documento donde se redactarían las especificaciones técnicas para iniciar las labores de obra civil, en visitas de verificación y otorgarle el aval a la compañía.
15. Marlon Mauricio Solano Colmenares. Sería un tramitador. Fue imputado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer en dos eventos y concierto para delinquir. Presuntamente, el 4 de diciembre de 2020, y en septiembre y octubre de 2021, entregó 700 mil pesos a un topógrafo, los cuales consignó a la cuenta de ahorros de Bancolombia para proferir resoluciones de los predios Los Lagos y Playarrica, en Líbano. Asimismo, al parecer entregó 200 mil pesos para ejecutar el trámite catastral de un predio de su interés.
16. Antonio José Castillo Páez. Ingeniero del proyecto urbanístico de la Constructora El Poblado, en Carmen de Apicalá. Entre junio y noviembre de 2021 habría dispuesto el empleo de maquinaria amarilla. Fue imputado por el delito de ecocidio y daño en los recursos naturales.
17. Rubiela Carreño Duarte. Ingeniera ambiental de la Constructora El Poblado. En el predio Viña del Mar, en Carmen de Apicalá, dispuso el uso de maquinaria amarilla. Hubo tala de árboles, lo cual iba en contra del equilibrio de humedad relativa con desconocimiento de la normativa existente. Tuvo contacto con Luis Carlos López Guevara y con los ingenieros de Cortolima para obtener los permisos. Por estos hechos le imputaron daño a los recursos naturales y ecocidio.
18. Edwin Andrés Gutiérrez. Ingeniero encargado del proyecto urbanístico de la Constructora El Poblado. Fue detenido en la vereda Brasil, de Carmen de Apicalá. Presuntamente dispuso el relleno del terreno con sustrato, dañando el ecosistema y violando el Plan de Ordenamiento Territorial, al verter este elemento al cuerpo de agua. Por esa razón, le imputaron daño en los recursos naturales y ecocidio.
TOME NOTA
A Yussi Yarleth Sierra Salazar, contratista del Igac; Wilson Fernando Calderón Calderón; Nelis María Niño Díaz, Jhon Isaacs González Riobo, Nelsy Ester Vallejo Valle y Gloria Judith Iriarte López, les imputaron cargos por concierto para delinquir.
