Gabriel Jaimes, fiscal del caso del exsenador Álvaro Uribe Vélez, solicitó ante la juez 30 con función de control de garantías que se le concediera libertad al expresidente procesado por presunta manipulación de testigos.
“La Fiscalía General de la Nación estima propugnar por el respeto a la legalidad, respeto por el derecho del que deviene necesariamente la libertad del ciudadano Uribe Vélez”, dijo en el fiscal en el marco de la audiencia que completó más de cuatro horas.
El delegado del ente acusador dejó claro que su solicitud no es una “antesala” a lo que será el proceso de investigación en contra del expresidente. Por el contrario, aseguró que habrá celeridad en el caso, no habrá impunidad, habrá justicia y derecho.
“La investigación no parte de cero. La gran cantidad de pruebas recaudadas no se desestima sino que por virtud del cambio del sistema penal, se han convertido en elementos material probatorios, evidencia física legalmente obtenida, que serán revisados a la luz de la cadena de custodia y de incorporación probatoria, para ser valorados legalmente de cara a una formulación de imputación”, argumentó el fiscal Jaimes.
Respecto de la solicitud de libertad, el fiscal dejó claro sus argumentos. Señaló que “asimilar la indagatoria a la formulación de imputación resulta afectante y lesiva al sistema penal acusatorio”.
De acuerdo con Jaimes, para la Fiscalía es evidente que hay “incompatibilidad procesal” en caso que se llegue a avalar la indagatoria como una imputación de cargos, en la ley 906. A su juicio, “vulneraría el derecho del debido proceso, si en el caso presente avanzáramos en el mismo estanco procesal”.
Jaimes dejó claro que como no hay curso de imputación, no hay punto de partida para una medida de aseguramiento. El fiscal, que intervino después de la defensa de Uribe, se sumó a sus argumentos para pedir la libertad.
Lo que dijo la defensa
Para Jaime Granados, quien defiende los intereses del exsenador, Uribe debía recobrar su libertad debido a que ahora el expediente se surte por ley 906 de 2004, y este no es similar al que se adelantaba en la Corte Suprema, ley 600 de 2000.
Granados aseguró que el proceso en ley 600 estaba en etapa de indagatoria, y daba cabida a una detención preventiva, no obstante, en su tesis, aseguró que para que exista vigencia de la medida de aseguramiento en contra de Uribe, debió surtirse una audiencia de formulación de cargos, bajo el actual procedimiento penal.
“Hay precedentes que permiten extraer conclusiones. Debe haber un contorno de formulación de imputación, es decir, un acto de comunicación en presencia de un juez constitucional, en el proceso ley 906, esto no se ha registrado”, aseguró Granados, a la vez que añadió que “al no surtirse una imputación de cargos no tiene por qué estar privado de la libertad. No se puede homologar la medida de aseguramiento de la ley 600 a la 906”.
Para el penalista es claro que solo podrá abrigarse a una medida de aseguramiento cuando se haya formulado imputación de cargos ante un juez constitucional, de lo contrario de vulneraría el derecho al debido proceso.
