El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien está declarado como víctima en el proceso que se surte por presunta manipulación testigos en contra del excongresista Álvaro Uribe Vélez, aseguró que la tutela impuesta por la defensa del expresidente no es válida, dado que busca que se declare una nulidad de lo actuado en la Corte Suprema de Justicia.
“Corregir vacíos de su defensa como la no presentación oportuna de recursos previstos en el ordenamiento jurídico, así como sentar un nefasto precedente para la investigación de aforados constitucionales al invalidar en el sistema penal de la ley 906 las actuaciones que realice la Corte Suprema de Justicia. Esta acción es un intento desesperado por evitar la proximidad del momento en que se debe decidir sobre la acusación de Uribe por los delitos por los que se le investiga actualmente”, dijo el congresista.
Cabe mencionar que este miércoles se conoció que el fiscal Gabriel Jaimes, quien adelanta la investigación contra Uribe, respaldó la tutela presentada por el abogado Jaime Granados, quien defiende los intereses del expresidente. Sobre esta actuación el congresista consideró que la intervención del fiscal Jaimes reafirma lo que, junto a sus abogados, han sostenido sobre imparcialidad en el proceso.
“Por carecer de imparcialidad e independencia para tramitar esta investigación, el 4 de septiembre de 2020, recusé al fiscal Jaimes, y mediante comunicación el 5 de noviembre de ese mismo año, reiteré al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que el referido funcionario no nos brinda ninguna clase de garantías a quienes hemos sido reconocidos como víctimas en este proceso. Una vez más, el fiscal Jaimes decide apoyar abiertamente las pretensiones de la defensa del exsenador Uribe, que busca arrasar con lo avanzado en el proceso y garantizar que haya impunidad”, señaló Cepeda.
El senador dejó claro que en caso que se llegue a invalidar las actuaciones de la Corte Suprema, el fiscal Jaimes podría ordenar el archivo de la investigación sin que tal determinación tuviera control por parte de un juez de la República. “Así, quien causó, con su renuncia al Congreso, que la Corte dejara de investigarlo no solo resultaría impune y las víctimas sin justicia, sino que además propiciaría un escenario de inseguridad jurídica general frente a las actuaciones que adelanta ese alto tribunal contra aforados constitucionales, quienes renunciando a su cargo se verían premiados con la anulación de las investigaciones en su contra”.
Finalmente, Cepeda expuso que en varias oportunidades, ha reiterado que en esta actuación debe primar el respeto irrestricto por la justicia, sus magistrados y sus decisiones. Por tanto, ninguna actuación parcializada en la Fiscalía impedirá que acuda a todos los recursos, procedimiento y mecanismos judiciales previstos en la ley.
