El próximo 29 de octubre, el juzgado 3 penal del circuito conocerá la acusación en contra de los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar, investigados por presunta manipulación de testigos, mismo proceso que tiene al exsenador Álvaro Uribe en casa por cárcel.
Cadena y Salazar son llamados ante los estrados judiciales en el marco de la investigación que se surte en su contra por los delitos de soborno y fraude procesal.
El fiscal del caso, Daniel Hernández, en medio de la imputación de cargos señaló que investigan a los abogados por hechos ocurridos en 2017, momento en el que Cadena, quien fungió como defensor del exsenador Uribe, abordó a Carlos Enrique Vélez alias ‘Víctor’, confeso paramilitar quien fue condenado y se encuentra en la cárcel de Palmira, con el fin de ofrecerle 200 millones de pesos para que anunciara ante la Corte Suprema de Justicia que el senador Iván Cepeda lo había abordado previamente para que cambiara la versión respecto de la declaración que iba a entregar contra del expresidente.
“De los 200 millones, solo se hizo entrega de 48 millones con el fin de que Vélez declarara falsamente ante la Corte Suprema de Justicia, y cambiara su versión respecto de que el senador Iván Cepeda lo había abordado para que cambiara su versión sobre el senador Uribe Vélez”, señaló el fiscal.
Hernández reseñó que la investigación hecha por el ente acusador da cuenta que estaban frente a una “división de trabajo” por parte de Cadena y Salazar, con el que pretendían enmarcar unos hechos de soborno.
Otro suceso que relató el fiscal vincula al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien según el delegado del ente acusador, también fue abordado en febrero de 2018, para ofrecerle apoyos y asesorías jurídicas con el fin de que este declarara de la misma manera como se lo ofrecieron a Vélez.
“A raíz de esto se desprenden actividades encaminadas a generar engaños en contra de la Corte Suprema de Justicia, por parte de los dos ciudadanos. Para surtir estos efectos, el doctor Cadena se presentó con documentos realizados con su membrete, en el cual únicamente necesitaba la firma de los exparamilitares”, reseñó el fiscal.
Sin embargo, lo que expuso Hernández es que era extraño que dos personas que no se conocían que estaban en cárceles totalmente diferentes, fueran abordados bajo los mismos parámetros que, presuntamente, fraguó Cadena para que el proceso de Uribe Vélez saliera bien librado.
Lo que dijo el fiscal es que pese a que el abogado Cadena quien, presuntamente, llegó con documentos membretados para que estos fueran firmados, los condenados se rehusaron a hacerlo y, por su parte, reseñaron que los documentos, con testimonios falsos, llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia hechas a mano, e indujo en error al alto tribunal.
El fiscal explicó que el error al que indujeron a la Corte es porque, inicialmente, se adelantaba una investigación en contra del senador Cepeda por tales hechos, sin embargo, al corroborar que la información carecía de pruebas, el alto tribunal determinó cerrar el proceso investigativo contra el senador del Polo Democrático y avanzar otro contra el senador Uribe.
No obstante, lo que reprocha el fiscal es que los abogados Cadena y Salazar tenía conocimiento que sus actuaciones estaban fuera de lo enmarcado en lo legal.
“Doctor Cadena, doctor Salazar estos hechos que le acabo de narrar los encuadra en dos escenarios judiciales: el de soborno en concurso con fraude procesal. Ustedes sabían y conocían que le estaban pagando 48 millones con el fin de que atestiguaran falsamente. Ustedes con su actuar violentaron el bien jurídico contra la eficacia, sin que existiera justa causa. No se ha podido vislumbrar en el proceso la causa por la que lo hicieron”, argumentó el fiscal.
De acuerdo con Hernández, para la época de los hechos, hasta agosto de 2018 los abogados tenían capacidad en su actuar y determinación. “Reitera este despacho: decidieron cometer la falta. Ustedes son abogados para ustedes era conocible saber que el ofrecer sumas para que una persona declare falsamente es un delito, ustedes sabían y conocían que eso es un delito en el territorio nacional”, reseñó el fiscal en la audiencia.
Cadena y Salazar, quienes no aceptaron cargos, en el juicio revelarán pruebas que da cuenta de su inocencia. El llamado a juicio de los penalistas se registró en medio de un recurso de apelación para pedir la libertad que presentó Iván Cancino, quien defiende los intereses de Cadena.
