David Boyd, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), argumentó que esta actividad minera perjudica gravemente el medio ambiente y la salud del pueblo indígena wayuu.
“Hago un llamado a Colombia para que implemente las directivas de su propia Corte Constitucional para proteger a la vulnerable comunidad wayúu”, señaló el experto.
Boyd agregó que esto es especialmente importante en el actual contexto de pandemia de COVID-19 y subrayó que se debería considerar el cese de operaciones en la zona de Tajo Patilla, cerca de la zona indígena de Provincial.
«Es absolutamente vital que Colombia proteja los derechos de los pueblos indígenas a la vida, la salud, el agua, el saneamiento y a un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible, deteniendo la minería cerca de la reserva Provincial hasta que pueda realizarse de forma segura», dijo David Boyd.
Una orden judicial de diciembre de 2019 exhortaba a las autoridades colombianas y a los propietarios de la mina El Cerrejón a reducir las emisiones de la explotación, por considerar que había causado daños a la salud de los indígenas de Provincial al contaminar el aire, el agua y la vegetación.
El Cerrejón es la mayor mina a cielo abierto de Latinoamérica y la empresa que la operación es propiedad de las multinacionales mineras BHP, Anglo American y Glencore.
