IBAGUÉ. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado adjunto, más conocido como de ‘descongestión’, emitió el fallo condenatorio como cómplice del delito de secuestro extorsivo agravado a Enrique Bahamón Bahamón, por lo que deberá permanecer en prisión durante 9 años.
De igual manera el Juzgado decidió absolver al ex alcalde por los delitos de rebelión y homicidio, donde fue víctima el ganadero de Prado Jorge Enrique Angarita Montealegre. En el fallo se tuvo en cuenta el testimonio de Alfredo Pacheco Ramos, guerrillero de las Farc, quien indicó que Bahamón Bahamón solicitó colaboración de ese grupo subversivo durante su campaña a la alcaldía de Prado.
La pena accesoria de inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas será de 9 años, es decir igual a la pena principal.
En el caso de Carlos Arturo Zuluaga Salguero, alias ‘Cucalinda’ conocido desmovilizado del grupo guerrillero, deberá pagar una pena de 25 años, al ser hallado responsable como coautor por los delitos de secuestro y homicidio, y una multa de dos mil 100 salarios mínimos legales vigentes.
Secuestro y muerte de Angarita
El 16 de enero de 2002 Jorge Enrique Angarita Montealegre salía de la finca El Oval, ubicada en la vereda Peñón Alto, zona rural de Prado, en compañía de un trabajador a bordo de una motocicleta, cuando hombres armados, quienes se identificaron como miembros del Frente 25 de las Farc, lo obligaron a subirse a un carro.
El grupo liderado por José Alfredo Pacheco Ramos exigió a la familia de Angarita Montealegre para la liberación, una camioneta Chevrolet Luv, una motocicleta, 50 becerros y dinero en efectivo.
Según reza el fallo, el hijo de Angarita Montealegre entregó esa misma tarde lo exigido y dos millones de pesos, pero su padre fue asesinado y lanzado a un precipicio. Sus restos fueron encontrados un mes después por información de Pacheco Ramos, quien señaló a Enrique Bahamón Bahamón y Carlos Arturo Lozano Salguero, alias ‘Cucalinda’ como conocedores del hecho.
No olvide: Los condenados deberán cancelar una cifra cercana a 10 millones 700 mil pesos, por los perjuicios morales ocasionados a cada una de las víctimas.
En cifras: 1000 salarios mínimos legales vigentes, es la multa que deberá cancelar.
