El alcalde, Andrés Hurtado, no pudo eludir la detención domiciliaria, la cual ya está cumpliendo / Gran riesgo corren niños y adultos para atravesar las torrentosas aguas de la quebrada La Chumba. Fotos: Archivo Q’Hubo.
REDACCIÓN Q’HUBO
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Nada logró impedir que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué dejara en firme la medida de arresto por 15 días contra el Alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado; el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Daniel Jaramillo; y la personera municipal, Francy Johana Ardila. Aunque el primer mandatario de los ibaguereños instauró una acción de tutela, buscando frenar la sentencia, el Tribunal no acogió esa pretensión y lo sancionó.
Tribunal no ‘comió cuento’
Los magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial declararon improcedente la tutela que instauró el alcalde, junto con su equipo jurídico, mientras se ratificaba la decisión del Juzgado Noveno Municipal que obligaba al funcionario a pagar una condena de 15 días de arresto domiciliario por desacato, fallo proferido por una tutela que instauró la comunidad de la vereda El Rodeito por la no construcción de un puente peatonal.
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El caso pasó por la revisión de la Corte Constitucional hace tres años. Esa entidad advirtió que existió un desinterés total de la ‘Ibagué Vibra’ respecto a instalar la estructura sobre la quebrada La Chumba en ese sector de San Bernardo, pese al riesgo que corren niños, adultos mayores y personas en condición de discapacidad desde hace años, al cruzar a través de cables o guaduas.
Hace unos días, Hurtado sostuvo que no fue informado a tiempo sobre los fallos en su contra y en su momento se fue lanza en ristre contra la rama judicial de la ciudad, calificándoles como “palos en la rueda” y asegurando que “no lo querían dejar trabajar”.
El abogado Joaquín Torres, mejor conocido como el ‘Rey de las Tutelas’, quien asesoró a los ciudadanos que instauraron la acción de tutela que hoy tiene al Alcalde detenido en su casa, aseguró que las declaraciones del mandatario rayaron en lo ‘subversivo’.
El jurista expresó: “Pretendía alterar un orden democrático, legítimamente instituido. Un gobernante no puede decirle a la opinión pública que le están tirando piedras por ser ‘el árbol que da frutos’. Un gobernante, cuando es legítimamente sancionado por incumplir una orden judicial, debe decirles a sus gobernados que acata esa decisión”.
Asimismo, Torres agregó que no puede volverse costumbre que el poder ejecutivo en Colombia se victimice cada vez que un funcionario es sancionado y haga creer a los ciudadanos que se trata de una persecución, porque eso altera el orden democrático.
Las decisiones previas de los Juzgados Noveno y Cuarto Municipales con Función de Conocimiento, señalaron que la Administración Municipal únicamente inició acciones con miras a solucionar el problema de la comunidad de El Rodeito cuando fueron notificados de la posible sanción por desacato, casi cuatro años después de que los habitantes de la vereda instauraron por primera vez la acción de tutela.
Tome nota
Durante los próximos días se conocerá una decisión en segunda instancia de un Juzgado Municipal frente al presunto desacato en el que la Administración Municipal habría incurrido por la no construcción de un puente en Coello- Cocora.
Datos
- 1. Los funcionarios también deberán pagar una multa de 15 salarios mínimos mensuales vigentes.
- 2. Esta redacción conoció que Hurtado, Jaramillo y Ardila ya están cumpliendo la sanción en sus domicilios.
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