IBAGUÉ. En uno de los casos que mayor impacto generó en el último tiempo en la opinión pública, ya que figuró en la agenda noticiosa nacional e internacional, la Juez Séptima con Función de Control de Garantías envió a la cárcel de Picaleña a las 10 personas señaladas de torturar, drogar y maltratar física y psicológicamente a un grupo de menores de edad con discapacidad cognitiva e inconvenientes de consumo de alucinógenos en la Fundación ‘Peces Vivos’ que era contratista del Icbf en Ibagué.
Al parecer la decisión de la ‘togada’ fue fundamentada en la gravedad de los delitos que imputó la Fiscalía y con el ‘plus’ que las víctimas eran menores de edad.
Organigrama. Las riendas de la Fundación estaban en manos de Johanna Dignore Rodríguez Olaya y su madre Dignore Olaya Hernández, directora y coordinadora respectivamente.
En la segunda línea del organigrama permanecían la psicóloga Yeniffer Stefany Salcedo y la enfermera Jenny Carolina Camelo Osorio. Y por último figuraban los formadores Paula Andrea Patiño Buitrago, Claudia Maritza Flórez Medina, Ángel Duván Serna Molina, Paola Andrea Tique Vera, Claudia Lorena Pedraza Henao y Edison Jaber Calderón Espitia.
La Fiscalía les formuló a todos cargos por el delito de tortura y al parecer a la mitad del grupo también le ‘achacó’ los punibles de concierto para delinquir y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos de material probatorio.
Cronología. En junio un ex funcionario de Peces Vivos denunció que en la Fundación amarraban a los menores a sus camas y en ocasiones allí debían hacer sus necesidades fisiológicas, les suministraban medicamentos para sedarlos y evitar actos de indisciplina, y supuestamente cuando no ingerían los alimentos se los arrojaban en la cara.
El 19 de octubre las autoridades dieron cumplimiento a las órdenes de captura en contra de los investigados y esa mañana los menores fueron evacuados del recinto.
Al día siguiente inició la audiencia de Control de Garantías que se adelantó a puerta cerrada para salvaguardar la integridad de las víctimas y la cual con un par de días de receso culminó ayer con la detención en establecimiento carcelario del grupo por la gravedad de la conducta.
“La falla del proceso radicó en el cambio de la acusación de maltrato infantil a tortura, cuando eso no existió. La tortura se tipifica cuando alguien disfruta mientras hace daño, si hubo un exceso es diferente a causar daño”, señaló David Palacio, abogado defensor.
Y agregó: “La Juez se dejó llevar por el delito de tortura y dio una medida intramural. Las personas con un solo delito (formadores) no vamos a apelar porque la idea es irnos a juicio oral y obtener la libertad de nuestros defendidos”.
