El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y el ministro de Justicia colombiano, Wilson Ruiz, fueron citados a un debate de control político en el Senado luego de que se revelaran 24.000 grabaciones de audio del caso por narcotráfico contra «Jesús Santrich», uno de los exjefe de las FARC.
Santrich fue arrestado en Bogotá el 9 de abril de 2018 en una operación con fines de extradición a EE.UU. por narcotráfico en la que participó la agencia antidrogas de ese país (DEA).
El exjefe de las FARC fue liberado un año después y, tras asumir un escaño en la Cámara de Representantes por el partido FARC, abandonó el proceso de paz del cual había sido negociador y volvió a tomar las armas como disidente de la guerrilla a mediados de 2019.
El debate, cuya fecha no se ha definido, fue citado por los senadores opositores Gustavo Petro, Roy Barreras, Iván Cepeda y Antonio Sanguino, quienes preguntarán «por qué la Fiscalía General de la Nación aportó los cinco kilos de cocaína para una operación encubierta de la DEA» contra Santrich y «qué fiscal dio la autorización de aportar la droga», según reveló un reportaje del diario El Espectador.
Igualmente indagarán a los altos funcionarios si el Gobierno sabía de las actuaciones y operaciones que estaba haciendo la agencia estadounidense antidrogas en el país.
También cuestionarán a la Fiscalía por no entregar los audios del proceso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que fue la que finalmente ordenó la libertad de Santrich, y por supuestamente hacer montajes para «acabar con el proceso de paz».
Supuesto montaje judicial
Según lo publicado, la Fiscalía y la DEA negaron el acceso a parte del expediente a la JEP cuando tenía la competencia para decidir sobre la extradición de Santrich a EE.UU., que finalmente no concedió por falta de pruebas.
El reportaje señala además que la «Fiscalía participó en una entrega» de cinco kilogramos de cocaína, «a pesar de que el exfiscal (general Néstor Humberto) Martínez lo niega», y que la DEA «estaba realizando una operación de entrampamiento contra los negociadores de la guerrilla».
La JEP aseguró ayer que su Sección de Revisión hizo varias peticiones a la Fiscalía para obtener «suficientes elementos de prueba para tomar una decisión» sobre la extradición.
Agregó que el fiscal general de la época, Néstor Humberto Martínez, les hizo llegar «de manera informal una memoria USB sin número serial o de identificación, que contenía unos audios obtenidos dentro de investigaciones realizadas en contra de Marlon Marín», que es sobrino del también disidente de las FARC alias «Iván Márquez» y considerado el enlace entre los carteles mexicanos y las FARC.
Según la JEP, de las 24.000 grabaciones de audio que según el diario tenía la Físcalía, solo entregó 12 a la JEP.
En respuesta, el exfiscal Martínez señaló que la JEP «mostró su hostilidad al procedimiento de extradición en cuestión, intentando incluso desconocer competencias de la Fiscalía, y a pesar de tener en su poder evidencias de que el delito se había cometido con posterioridad a la firma del acuerdo de paz» de noviembre de 2016.
«En el 2018, al tiempo del trámite de la extradición, los supuestos 24.000 audios de que se viene hablando públicamente no formaban parte de un supuesto expediente contra alias Santrich, como lo valida la JEP, sin ningún tipo de corroboración», añadió Martínez en un comunicado.
Agregó que «es de conocimiento público que la Fiscalía abrió un expediente por narcotráfico contra Santrich en el año 2019», por lo que ese expediente «no podía existir en el 2018»
