El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y las organizaciones sociales que hacen parte de la Campaña por la Verdad, solicitaron a la Corte Constitucional que revise la tutela con la cual el general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo pretende censurar la libertad de expresión de las víctimas.
Los movimientos hacen referencia al denominado mural que catalogaron bajo el hashtag de #QuiénDioLaOrden. En la imagen aparecían cinco generales del Ejército que estarían vinculados con los denominados falsos positivos que se registraron entre el 2002 y el 2008.
«La Campaña por la Verdad busca a través de acciones de movilización social generar conciencia entre la ciudadanía sobre la necesidad de conocer a los máximos responsables de los miles de casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia por el Ejército Nacional. Sus denuncias y acciones están fundamentadas en expedientes judiciales y testimonios de víctimas que han sido documentados en más de una docena de informes entregados al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición», reposa en el documento de los movimientos.
De acuerdo con el informe que será la corporación, el pasado 18 de octubre artistas de Bogotá se encontraban realizando el señalado mural, en el cual reproducía una imagen en la que se apreciaba a cinco altos mandos del Ejército Nacional, el número 5.763 asesinatos de civiles y la pregunta ¿quién dio la orden? «Mientras los artistas se encontraban pintando en compañía de las organizaciones sociales, el Ejército dispuso un fuerte operativo para detener su elaboración, con la intervención de más de 30 hombres movilizados en vehículos oficiales y particulares quienes, además, portaban sus armas de dotación, que incluía armamento largo, lo que intimidó a los artistas, ciudadanos y personas de organizaciones de derechos humanos presentes».
Según anunciaron, al lugar también llegó personal de la Policía Nacional, sin embargo, no intervino ante la actuación del Ejército Nacional. Tras el retiro de las personas del lugar, integrantes del Ejército borraron el mural en su totalidad y la pared fue pintada de blanco.
«Debido a este acto de censura por parte de la Fuerza Pública, rápidamente se viralizó en redes sociales la imagen del mural, causando el efecto de multiplicar el mensaje y la pregunta que han sido replicados y han generado diversas expresiones artísticas con base en el mural. De esta manera, la campaña por la verdad dejó de ser una iniciativa de algunas organizaciones, para pasar a ser una acción masiva y un patrimonio de la sociedad, con la cual se busca expresar la indignación colectiva frente a los máximos responsables de hechos profundamente dolorosos para el país», argumentaron.
Sin embargo, añadieron que la censura no paró ahí. Pues conocieron que el general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo y el general (r) Mario Montoya Uribe quien ejerció el cargo de comandante del Ejército Nacional entre 2006 y 2008, interpusieron, cada uno, una tutela contra el Movice, integrante de la Campaña por la verdad y uno de los impulsores del mural elaborado por víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
En el marco del proceso, el 13 de noviembre el Juzgado 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, declaró improcedentes las acciones de tutela, debido a que estos militares no siguieron el procedimiento adecuado para solicitar la rectificación de la información incluida en la imagen publicada en redes sociales y el mural.
Pese a esto, el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá quien conoció de la impugnación presentada por Pinto, ordenó que en un término de 48 horas el Movice debía eliminar de murales, redes sociales, medios de comunicación hablados y escritos, la imagen objeto de la tutela en la que aparecía la reproducción pictográfica del general, además de abstenerse en el futuro de reproducir la imagen o similares.
«Esta decisión desconoce flagrantemente los derechos de las víctimas y de la sociedad en general a la verdad, la libertad de expresión y la memoria. Por tanto, el Movice como movimiento en el que confluyen miles de personas, más de 200 organizaciones de víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos y desplazamiento forzado, así como organizaciones acompañantes y defensoras de derechos humanos, acuden hoy a la Corte Constitucional para solicitar la revisión de esta decisión judicial, en tanto se considera un acto de censura», anunciaron.
Además, solicitaron a distintas instancias y organizaciones de la sociedad para que apoyen el pedido de revisión por la importancia del debate constitucional que involucra los derechos de las víctimas en contextos de aplicación de la justicia transicional y luego de la firma de un Acuerdo Final.
«Las once organizaciones defensoras de derechos humanos que participamos de la campaña por la verdad, actuando en respaldo al Movice, rechazamos cualquier tipo de censura y pedimos a la Corte Constitucional que se respete el derecho que tienen las víctimas de exigir verdad y preguntar: ¿Quién dio la orden?», dice el documento.
