Nuevamente el nombre del expresidente Álvaro Uribe suena en la Corte Suprema de Justicia, esta vez porque el alto tribunal debe conocer la impugnación a una tutela que interpuso Jaime Granados, defensa del exsenador, con la que busca que se deje sin piso la condición de imputado de su cliente investigado por los delitos de fraude procesal y soborno de testigos.
La negativa en primera instancia se la dio el Tribunal Superior de Bogotá al declarar improcedente la acción legal impuesta.
En su momento, Granados alegó violación al debido proceso y a la defensa. Esto motivado por la decisión que, en noviembre del año pasado tomó el juzgado cuarto al considerar que en el expediente contra el exsenador es equiparable la indagatoria hecha en la Corte Suprema, bajo el antiguo sistema penal, con la imputación de cargos que hace parte del sistema que rige en la actualidad.
El abogado Granados expuso su teoría en 69 páginas en las que citó jurisprudencia de las Cortes buscando convencer al Tribunal y calificó de “exótica” la decisión del despacho. Pero la Sala Penal, en apenas 23 páginas, le dijo que no son los magistrados los que deben decidir el nuevo rumbo del proceso, sino que ya es competencia de la Fiscalía.
“En este momento el proceso se encuentra en el escenario en el cual la Fiscalía General de la Nación, como titular de la acción penal debe determinar si presenta una solicitud de preclusión, el escrito de acusación y/o un principio de oportunidad”, dice uno de los apartes del documento.
Los magistrados van más allá en su respuesta y le dicen a Granados que no entregó el suficiente material de prueba que permitiera establecer la vulneración de los derechos tal y como lo alegó en su escrito.
Ahora el balón se encuentra nuevamente en la Corte Suprema y será este quien le de la razón a Granados o se mantenga en la determinación del Tribunal de Bogotá.
Cabe mencionar que Uribe se encuentra ante los estrados judiciales, luego de una demanda que presentó en contra del senador del Polo Democrático Iván Cepeda aduciendo que el legislador manipuló testimonios de exparamilitares en su contra, no obstante, el alto tribunal cerró la investigación contra Cepeda y abrió una en su contra.
Desde 2018, Uribe se encuentra en la palestra pública, incluso una vez se conoció sobre el llamado a indagatoria anunció que abandonaría su cargo como senador, y si bien no lo hizo en su momento, una detención domiciliaria en su contra lo obligó a dejar el legislativo.
El expediente de Uribe se ha movido en todos los escenarios. Con base en la investigación que abrió la Corte, el llamado a indagatoria fue inminente, después, en un fallo de más de 1.500 páginas llegó la detención en su lugar de residencia.
Días más tarde fue reseñado como recluso en el Inpec, y esto fue suficiente para presentar su renuncia en el Congreso. Con esta jugada, Uribe y su defensa buscaban que el caso llegara a la Fiscalía y así lo consiguieron.
Se adelantaron tres audiencias en las que quedó en condición de imputado por lo que se espera que para las primeras semanas de febrero se estaría conociendo por parte de la Fiscalía si el caso queda ahí o si avanza con un escrito de acusación y posterior juicio.
El fiscal Gabriel Jaimes, quien lleva el expediente, en las diligencias adelantadas ha dado indicios sobre el futuro judicial del expresidente, su más reciente determinación fue por ejemplo, apoyar la tutela instaurada por la de defensa del expresidente.
