En más de una ocasión la Corte Constitucional ha llamado la atención al Gobierno Nacional sobre las garantías de seguridad que deben tener los líderes sociales en el país. Ahora, el alto tribunal conocerá de una acción de tutela interpuesta por más de 10 defensores de derechos humanos.
En diciembre de 2019, lo líderes generaron una alerta sobre su condición de seguridad para ejercer la labor. En el documento expusieron el incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz, donde se establecía de manera especial salvaguardas tanto para su vida como su activismo en los territorios.
Esta tutela lleva un largo camino que empezó en el Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá y en la Sala Civil del Tribunal de Bogotá.
En las primeras decisiones, los jueces vieron vulnerados los derechos y emitieron una serie de órdenes que respondían al reconocimiento y obligación de garantizar el derecho a defender derechos, la reactivación de la Mesa Nacional de Garantías y de las Mesas Territoriales de Garantías y la elaboración de una campaña por parte de la Presidencia que atienda la estigmatización de los líderes sociales.
Además de la inclusión de un enfoque étnico racial y cultural en las medidas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sin embargo, las instituciones del Estado aún no han cumplido satisfactoriamente con lo ordenado y la situación, a su juicio, sigue siendo preocupante.
Además, no se establecieron órdenes en cabeza de la Fiscalía General y se desconoció el papel en la investigación y en el desmantelamiento de organizaciones criminales que atentan contra los derechos de líderes sociales.
De ahí que los promotores de la tutela recibieran con satisfacción la decisión del alto tribunal de aceptar para estudio el documento. «Recibimos con esperanza que la Corte Constitucional haya escuchado a casi 200 defensores de derechos humanos que solicitaron la revisión de la acción de tutela antes mencionada y que contó con el apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil y sectores de la academia».
Para los tutelantes el recibo del documento en la Corte podría abrir el camino a la adopción de órdenes orientadas a implementar las medidas contempladas en el Acuerdo Final de Paz, que tienen la potencialidad de transformar la violencia en los territorios a favor de la defensa de los derechos humanos en Colombia. Lo anterior, por cuanto fueron diseñadas pensando en los desafíos que podría traer el escenario del posacuerdo con la desmovilización de las extintas FARC.
«La Corte Constitucional tendrá la posibilidad de estudiar las obligaciones del Estado frente al derecho a defender derechos, la obligatoriedad de la implementación de las medidas de seguridad del Acuerdo Final de Paz para enfrentar la situación de violencia actual que sufren los líderes sociales», reposa en el documento de los tutelantes.
