IBAGUÉ. Ante el Juzgado Octavo de Garantías fue presentado Jesús Octavio Acosta Sánchez, de 77 años, excontratista interventor del estadio Manuel Murillo Toro.
El abogado representante de la sociedad A y C- S.A., fue capturado en la calle 72 H del barrio Niza (Bogotá), por orden emitida el 21 de mayo por el Juez Segundo de Garantías.
Delitos. Durante la diligencia judicial, la Fiscal Cuarta Delegada Ante el Tribunal le imputó los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación, los cuales no aceptó.
Según la Fiscalía, para enero de 2015, el Imdri, en cabeza del entonces gerente Carlos Heberto Ángel, abrió el concurso de méritos 030 para la interventoría y la ampliación y remodelación del estadio Manuel Murillo Toro, que debía estar listo para los XX Juegos Nacionales.
Así incurrió en los delitos. La Fiscal Cuarta Delegada Ante el Tribunal, señaló que el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, lo habría cometido el 6 de febrero de 2015 en Ibagué.
Lo anterior, cuando el gerente del imdri, Carlos Heberto Ángel, suscribió el contrato 087 en calidad de interviniente, en el cual se allegaron documentos con las firmas, una carta de compromiso y un certificado que estaba firmado por Alfredo Díazgranados.
El supervisor del contrato era Mauricio Campos del Cairo, quien ya fue imputado dentro de las investigaciones por el desfalco de los Juegos Nacionales, al igual que Carlos Heberto Ángel Torres.
Según la Fiscal Acosta Sánchez, no llenaba los requisitos pactados cuando le adjudicaron el contrato.
El delito de falsedad en documento privado, indicó la Fiscal, se enmarca en la misma fecha, por la firma de varios documentos a nombre de Alfredo Díazgranados, quien indicó que su firma no es la que aparece ahí y no suscribió ningún compromiso.
En cuanto a la conducta punible de fraude procesal, habría ocurrido el 6 de febrero de 2015, por el uso de documentos falsos firmados por Francisco Antonio Barragán, quien señaló también que no los firmó y esto indujo a un error a los servidores públicos, que en un acto administrativo contrataron con Acosta Sánchez.
Respecto al delito de peculado por apropiación, lo enmarcó entre el 28 de abril y el 28 de diciembre de 2015, y está soportado en los libros de contabilidad de la empresa de Acosta Sánchez, puesto que recibió 164 millones 903 mil 368 pesos, que no fueron ejecutados.
Allí se estipuló un pago total de 504 millones, dentro del rubro de preinversión e inversión de competitividad deportiva, donde no se contrataron un especialista en geotecnia, un urbanista y otros profesionales, pero sí se pagaron los 164 millones de pesos que no se ejecutaron.
Por último, por la falsedad en documento público, señaló la Fiscal que se le imputó esta conducta punible con base en los informes de avances del periodo comprendido entre el 6 de abril y los primeros días de mayo de 2015.
Dichos documentos fueron entregados al Municipio por el contrato y tenían la firma de Antonio Díazgranados, quien señaló que su rúbrica no era la que aparecía en los documentos.
Pese a que la Fiscalía solicitó la medida carcelaria, el Juez Octavo de Control de Garantías, le impuso una medida no privativa de la libertad, por la cual Sánchez Acosta estará en libertad con restricciones y deberá pagar 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
