El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, volvió a advertir que los recursos de las regalías siguen siendo afectados por la corrupción en las contrataciones públicas que se adelantan con esos recursos.
Según expresó el contralor, “nuestros Sistemas de Monitoreo, a través de la Diari y los Sistemas de Información del Departamento Nacional de Planeación revelan que $33,9 billones, del total de recursos contratados a 15 de junio de 2019, unos $4,2 billones fueron manejados mediante la modalidad de contratación directa, lo que quiere decir que el 12% de la contratación total realizada en el Sistema General de Regalías se ha hecho de manera directa”.
En lo identificado por la Contraloría, sobre los riesgos y hechos del ciclo de regalías en 2019 y las perspectivas para 2020, este tipo de contratación va asociada a situaciones como falta de planeación, falencias en la estructuración, inexactitudes en el fundamento jurídico, no acreditación de idoneidad del contratista sin ánimo de lucro, intermediación innecesaria o indebida subcontratación.
Para la Contraloría llamó la atención la celebración indiscriminada de convenios ya sean interadministrativos o con entidades sin ánimo de lucro, sin el cumplimiento de los requisitos para cada caso, violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, evidenciando vicios de forma y fondo en la elaboración del presupuesto en cada negocio jurídico y confundiendo de manera dolosa las figuras de interpretación y aplicación restrictivas contempladas en el ordenamiento jurídico para consentir la contratación directa.
“Uno de los riesgos más comunes está asociado a la contratación con recursos de regalías de particulares, entidades públicas y/o privadas, entidades sin ánimo de lucro o realización de convenios de cooperación, donde los contratistas cumplen obligaciones en distintos sectores”, señaló el contralor.
Además en un estudio realizado por la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías de la CGR se encontró que los procesos de contratación por concurso (licitaciones, concurso de méritos) en la ejecución de proyectos con recursos de regalías son mayoritarios (representan el 67,7%) y se realizan con un único oferente en cerca del 70% del valor de la contratación
Córdoba, explicó además que al cierre del 2019 se registraban 321 proyectos por $1,24 billones que fueron aprobados y se encontraban en riesgo de liberación de recursos, porque no cumplían con la acreditación de los requisitos o porque no contaban con un acto de apertura del proceso de selección.
Por regiones, Nariño tenía 13 proyectos que fueron aprobados y después de 6 meses no habían cumplido con los requisitos por valor de $93.438 millones, Bogotá con 1 proyecto por valor de $79.978 millones, Meta 10 proyectos por $70.946 millones, Córdoba 11 proyectos por $59.971 millones y Cesar con 12 proyectos por $41.033 millones. En estos cuatro departamentos y la capital de la república se concentró el 53,9% del valor de los proyectos con mayor riesgo de liberación de recursos.
La infraestructura vial es el que tiene el mayor rezago, con más de $1.2 billones en proyectos aprobados sin contratar, situación que contrasta con la precariedad de las vías de gran parte de las regiones del país. También la Contraloría advirtió un alto porcentaje de recursos inutilizados en los sectores de mayor necesidad para la población vulnerable, como lo son educación, ambiente y desarrollo sostenible y agua potable y saneamiento básico.
Finalmente se informó de un total d 383 de hallazgos con incidencia fiscal, por un valor de $722.184 millones, en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo del 2020. “Esto significa un crecimiento de más del 500% en el valor de los hallazgos fiscales encontrados en este período, con respecto al anterior (vigencia del 1 de junio de 2018 al 31 de mayo de 2019), con un total de 144 por valor de $133.989 millones. Se destacan 5 casos de impacto relacionados con hallazgos fiscales en los departamentos de Córdoba ($69.896 millones), Sucre ($47.657 millones), Putumayo ($23.935 millones), Meta ($66.920 millones), y Casanare ($81.955 millones)”, concluyó el contralor.
