La Contraloría General de la República anunció este miércoles que abrió tres procesos de responsabilidad fiscal, por un total de $2.121 millones, contra el Gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, por presuntos sobrecostos en dos contratos de suministros de kits alimentarios y de aseo y por el pago de mayores valores e intermediación innecesaria en un contrato relacionado con la estrategia de divulgación del tema Covid-19.
El primer proceso es por $1.151 millones, por presuntos sobrecostos en la ejecución del contrato N°0494 del 26 de marzo de 2020, por $5.500 millones, celebrado entre la Gobernación del Tolima y la empresa SIERRA PINEDA S.A.S. cuyo objeto fue la compra de 55.000 kits alimentarios y de aseo para mitigar los efectos del aislamiento obligatorio por la pandemia en la población más vulnerable del departamento.
Según la Contraloría los sobrecostos se dan “por la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del DANE (Sistema SIPSA) de $4.002.515.000 y el precio de compra del contrato de $5.154.077.411 (luego de aplicados los costos asociados y/o indirectos, como estampillas departamentales, póliza y otros)”.
La entidad aclaró que la tabla del DANE refleja un valor más razonable para la adquisición de los productos contratados, que, de haberse tenido en cuenta, le habría podido ahorrar al departamento el valor que hoy se configura como presunto sobrecosto ($1.151.562.41).
Además del Gobernador del Tolima, fueron vinculados como presuntos responsables fiscales la Secretaria de Salud del departamento, Adriana Alexandra Márquez Ramírez, con delegación de ordenación del gasto, estructuración y suscripción del contrato N°0494 del 26 de marzo de 2020; y la firma SIERRA PINEDA S.AS., representada legalmente por José Atanibal Sierra Ávila, o por quien haga sus veces, en calidad de contratista en el contrato N°0494 del 26 de marzo de 2020.
Segundo proceso
La Contraloría General de la República dio también apertura a un proceso de responsabilidad fiscal por $827.533.223 contra el Gobernador por presuntos sobrecostos en este monto en la ejecución del contrato N°0531 del 1 de abril de 2020, por $5.000 millones, celebrado entre la Gobernación del Tolima y la empresa ENRED GROUP S.A.S. y cuyo objeto fue la compra de 50.000 kits alimentarios y de aseo para mitigar los efectos del aislamiento obligatorio por la pandemia en la población más vulnerable del departamento.
El presunto daño patrimonial, según la Contraloría, se daría “a partir de la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del DANE (Sistema SIPSA) de $3.988.500.000 y el precio de compra del contrato de $4.816.033.223 (luego de aplicados los costos asociados y/o indirectos como estampillas departamentales y póliza)”.
La entidad manifestó que “se habría dado un presunto mayor valor pagado de $12.650.000, que es la diferencia entre $4.987.350.000 (el valor que resulta de multiplicar el precio real de cada kit adquirido, $99.747, por el total de kits comprados, 50.000) y el valor de $5.000.000.000 por el que se suscribió el contrato N° 0531 del 1 de abril de 2020.
La CGR vinculó como presuntos responsables fiscales además del Gobernador, a la Secretaria de Salud del departamento, Adriana Alexandra Márquez Ramírez, con delegación de ordenación del gasto, estructuración y suscripción del contrato N°0531 del 1 de abril de 2020; también a Gustavo Adolfo Castaño en calidad de Director de Infancia y Juventud para la época de los hechos, supervisor y responsable de la elaboración del proyecto de estudios previos del contrato N°0531 del 1 de abril de 2020 y a la firma ENRED GROUP S.A.S., representada legalmente por César Augusto Trilleras Castro, o por quien haga sus veces, en calidad de contratista en el contrato N°0531 del 1 de abril de 2020.
Tercer proceso
Mediante auto No. 420 del 9 de junio de 2020, la CGR abrió finalmente un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía preliminar de $143 millones contra el Gobernador del Tolima, como “consecuencia del daño al patrimonio del Departamento derivado del pago de mayores valores por intermediación innecesaria en el contrato 493 de 2020 suscrito con la firma León Gráficas S.A.S, que tenía por objeto la prestación de servicios para la ejecución de la estrategia de comunicación denominada ‘Plan de Comunicación-Emergencia COVID 19-2020’”.
La Contraloría indicó que “encontró probado que en algunas de las pautas publicitarias se exaltaba la figura del Gobernador y no se cumplía con la finalidad prevista de promoción y prevención en salud en atención a la pandemia ocasionada por el COVID 19. Entre otras cosas, se verificó que en algunas cuñas que duraban un minuto se alcanza a mencionar al Gobernador con nombre propio en al menos tres ocasiones”.
La Contraloría vinculó a este proceso de responsabilidad fiscal además del Gobernador, a la Secretaria de Salud, Adriana Alexandra Márquez Ramírez; Camilo Ernesto Valencia Agudelo (profesional universitario quien hace parte de la secretaria administrativa (prensa y comunicaciones) supervisor del contrato 0493 de 2020; Santiago Barreto Triana (Secretario General y de Apoyo a la Gestión, como presidente del Comité que administra el Fondo de Mitigación de Emergencia del Departamento del Tolima, FOMETOL); Jorge Luciano Bolívar Torres (Secretario de Inclusión Poblacional, como integrante del Comité que administra el FOMETOL); Fredy Torres Cerquera (Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, como integrante del Comité que administra el FOMETOL), Alexander Tovar González (Secretario del Interior, como integrante del Comité que administra el FOMETOL) y el contratista, León Gráficas SAS.
Lérida
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el alcalde de Lérida, Marco Antonio Ospina Velandia, por presunta omisión en la toma de medidas para prevenir el contagio de coronavirus en el municipio.
Se investiga si el mandatario la mañana del 19 de abril de 2020 habría desatendido la solicitud de uniformados de la Policía Nacional para evitar aglomeraciones dentro y fuera del Supermercado Orjuela, que de acuerdo con una de las cajeras del local sería de propiedad de su familia.
De acuerdo con la denuncia hecha por el Comando de la Policía del Tolima, los hechos presuntamente ocurrieron a la vista de varios ciudadanos, algunos de los cuales habrían desaprobado la actitud del mandatario.
Cabe resaltar que en todos los casos de apertura de investigación disciplinaria, los servidores podrán solicitar ser escuchados en versión libre.
