El Consejo de Estado declaró ajustado a derecho el protocolo que adoptó el Ministerio de Salud para prevenir el contagio del coronavirus en el sector transporte.
La resolución contempla medidas de bioseguridad para operadores y conductores, empresas de servicio público de transporte terrestre, terminales de transporte y concesionarios de los sistemas de transporte masivo, entre otros.
De acuerdo con el Consejo de Estado, el Ministerio de Salud gozaba de competencia para expedir este protocolo y expidió la resolución con base en las normas que le dan la tarea de superar la crisis originada por la COVID-19.
Según la alta corte, el protocolo de bioseguridad era coherente con el decreto legislativo de la emergencia social que le permitió al Ministerio de Salud adoptar los protocolos de bioseguridad necesarios para prevenir el coronavirus en todas las actividades y en la administración pública.
A su juicio, las medidas resultan adecuadas para superar el estado de emergencia económica, social y ecológica declarado por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia, pues permiten dar continuidad al servicio público de transporte en condiciones bioseguras, sin afectar derechos fundamentales.
