La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del almirante Gabriel Ernesto Arango Bacci, quien permaneció tras las rejas más de un año por supuesto nexo con el narcotráfico.
El exmiembro de las fuerzas armadas deberá recibir una indemnización por más de 150 millones de pesos, así como a su núcleo familiar por perjuicios morales. Del mismo modo, el ente acusador debe ofrecer excusas.
“Dicha entidad deberá coordinar con el aquí demandante si es suficiente con que el documento le sea entregado personalmente a él o si, además, debe publicarse en las plataformas de comunicación y difusión de la entidad”, expone la providencia que además señala que esta directriz debe registrarse dentro del próximo mes.
Arango Bacci estuvo en prisión desde junio de 2008, hasta la absolución, que en diciembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia profirió por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio, por haber supuestamente permitido el flujo de embarcaciones de narcotraficantes en el tiempo en el que se desempeñó como Comandante de la Fuerza Naval del Caribe.
El oficial que, tras dichos señalamientos fue apartado de la fuerza, interpuso dicha acción legal en marzo de 2015, y cinco años después la Sala consideró que a Arango Bacci se le provocó daño al buen nombre y a la vida de relación.
El Consejo de Estado accedió a las pretensiones, por considerar que se produjo una falla en el servicio. Sostuvo que las interceptaciones telefónicas y videograbación en las que se menciona el nombre del almirante (r) Arango Bacci, dentro del proceso de negociación de una carta de navegación que obtendrían organizaciones narcotraficantes para eludir operaciones de las autoridades contra el tráfico de estupefacientes, los testimonios y demás circunstancias puestas de presente en la investigación, no eran suficientes para ser tenidas en cuenta como indicios graves de responsabilidad del indiciado.
Dado que la Fiscalía no presentó elementos que constituyeran los citados indicios graves de responsabilidad del almirante y tampoco justificó adecuadamente la necesidad de privarlo de la libertad para garantizar su comparecencia, la corporación consideró que la imposición de la medida de aseguramiento contra el oficial (r) fue ilegal.
