“Con profunda decepción”. De esa manera el abogado Jaime Granados recibió la notificación de la Corte Suprema de Justicia que traía consigo la determinación de dictar medida de aseguramiento en su lugar de residencia al senador Álvaro Uribe.
Granados, quien ha sido el abogado principal del expresidente, expresó, a través de un comunicado de tres páginas, que está “absolutamente convencido de la absoluta inocencia del Presidente Álvaro Uribe Vélez, seguiremos trabajando para que el país conozca cuanto antes toda la verdad y cese esta terrible injusticia”.
En el documento desvirtuó las aseveraciones hechas en contra de su defendido. “El país debe saber que el presidente Uribe no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo, ni dio instrucción alguna para que se consiguieran testigos, limitándose, como es su derecho legítimo, a pedir que se verificara la información que, por conducto de la ciudadanía, le llegaba y que ésta se trasladara siempre a la Corte”.
A juicio del abogado, Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en la investigación del senador, fue visitado por el abogado Diego Cadena, hoy procesado por los mismos delitos que Uribe, porque a través de terceros, venía manifestando su intención de retractarse de “infames declaraciones” que había dado en el pasado.
Según Granados, “esa intención que, tras la visita, corroboró el abogado Cadena quién así se lo transmitió al presidente Uribe. La única petición de mi cliente, como se puede fácilmente corroborar en las propias interceptaciones, era que el testigo dijera libremente la verdad”.
En orden cronológico, Granados contó que para abril de 2018, Cadena le informó al senador que Monsalve realizó una carta en la que narraba “la verdad de los hechos” planteándole que éste había manifestado preocupación por su situación de seguridad.
“El Presidente, como corresponde, indicó que el testigo debía pedir directamente a la Corte las medidas de seguridad, comprometiéndose a coadyuvar dicha petición ante la Corte. Ello, no constituye soborno alguno”, dice el documento.
En lo que respecta a Cadena, Granados aseguró que él ha reconocido abiertamente que ofreció su asesoría jurídica a Monsalve, a efectos de una posible acción de revisión, mucho tiempo antes de haber informado tal situación al hoy senador. “Esto en ningún contexto, puede entenderse como un soborno, pues nunca se le pidió, por parte del Presidente Uribe, al testigo que faltara a la verdad”.
En cuanto a la carta que hizo Monsalve, el abogado Granados reseñó que esta nunca llegó a manos de Cadena, ni del senador, ni tampoco fue presentada ante la Corte Suprema, por lo que a su juicio no hubo ninguna inducción al error, como lo manifestó en su momento la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos a Cadena.
Con relación al representante a la cámara Hernán Prada, el penalista aseguró que Uribe no buscó ni lo instrumentalizó para que buscara sobornar a Monsalve. “Ante una llamada del Representante Prada, con ocasión de información suministrada por terceros sobre la voluntad de Monsalve de retractarse, el Presidente Uribe se limitó a confirmar que Monsalve era un testigo en su contra y que si esa era su voluntad ojalá dijera la verdad. Nada más, ni ofrecimiento, ni soborno hubo”.
Granados también se refirió al segundo testigo clave en la investigación, Carlos Enrique Vélez alias ‘Víctor’, confeso paramilitar recluido en la cárcel Palmira. “Debe precisarse que la visita que el abogado Cadena le realizó en julio de 2017 no obedeció a ninguna instrucción por parte del Presidente Uribe, se trató de una verificación autónoma que el abogado Cadena realizó tras conocer, por su cuenta, una información en la Cárcel la Picota”.
Según el abogado, Uribe ha dicho que se enteró de la existencia del testigo cuando ya la carta había sido elaborada. “Adicionalmente, en ningún momento autorizó o dio instrucción alguna para que al testigo se le hiciera cualquier tipo de ofrecimiento, lo cual por demás no concuerda con la realidad si se tiene en cuenta que el contenido de la carta firmada por Vélez era exactamente la misma a la versión que éste había dado siete meses antes, ante la propia Corte Suprema de Justicia, cuando no conocía a Cadena”.
Respecto de los dineros que fueron entregados a Vélez, el abogado dijo que Uribe no autorizó que se hicieran esos giros por concepto de ayudas humanitarias o viáticos, como lo expresó Cadena que lo realizó.
“Esta situación que, en nuestro criterio no constituye soborno, sólo fue informada por el abogado Cadena al Presidente Uribe a mediados del año 2019, momento en el cual el doctor Uribe manifestó que de haber sido enterado no hubiera autorizado dicho proceder”, resaltó Granados en su comunicado.
Si bien, los abogados tanto de Cadena como de Uribe han tratado de desligar el expediente, ambos están procesados por los mismos delitos. Se espera que este jueves el juzgado 35 de garantías de Bogotá, por su parte, resuelva la medida de aseguramiento que solicitó la Fiscalía en contra del abogado Cadena.
