IBAGUÉ. Desde septiembre, 10 ladrilleras fueron cerradas por las autoridades ambientales, según los propietarios y trabajadores, porque la actividad no cumplía con los documentos que certificaran el manejo de la contaminación que podría provocar al ecosistema.
Alrededor de 250 personas están sin empleo por el procedimiento que se realizó en diferentes sectores de la Ciudad hace algo más de tres meses:
“Los señores de Cortolima vinieron en compañía de la Policía y dijeron que no se podía hacer ningún trabajo, y estamos parados desde entonces”, explicó Luis Alfredo Dueñas Lozano, representante legal de Asoladrillo.
Una de las microfábricas que fue sellada temporalmente, está a cargo de Ricaurte Benavides, ubicada cerca al barrio La Primavera, que genera empleo para cinco familias:
“Laboro con mis hijos que sostienen sus hogares y no tenemos un trabajo fijo, porque los 10 mil ladrillos que teníamos para cocinar están en espera de que nos permitan prender el horno”, explicó Benavides.
Según el productor, este tipo de industria emite un mínimo de contaminación. Al mes se queman 10 mil adobes que tardan 24 horas en cocinarse:
“En mi caso, sólo dos horas al día se emite humo y son mínimas las partículas porque el entreverado que se le hace a las piezas en el horno, sirve de filtro para que sólo salga vapor”, afirmó.
“No entendemos por qué nos cierran. Cortolima era la encargada de darnos el Plan de Manejo Ambiental y nunca lo hizo”, narró Dueñas Lozano, quien agregó que al tratarse de una producción mínima, de 120 toneladas anuales, la Ley no les exige permiso de emisión atmosférica.
Sin embargo, la Resolución 619 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente establece parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere la documentación antes mencionada.
El documento ratifica en el artículo 1 que estos se exigen cuando “el horno de cocción tenga capacidad igual o superior a 5 Ton/día (toneladas/día)”, cuando de se trate de fabricación de objetos de barro, loza o porcelana.
HICIERON ACOMPAÑAMIENTO
El director de Calidad Ambiental de Cortolima, Rodrigo Hernández, afirmó a Q’HUBO que la Policía Ambiental fue la encargada de hacer el operativo y que en éste hizo acompañamiento la Corporación Autónoma del Tolima, Cortolima:
“Nosotros no cerramos ninguna ladrillera. Intervenimos según los operativos que realizó la Policía Nacional. Ellos actuaron, me imagino, conforme a la ley, y nosotros damos cumplimiento a las diligencias según las irregularidades que ellos encontraron”.
En cuanto a unos supuestos recursos que recibió Cortolima de parte de Minercol, señaló que no tiene conocimiento si estos llegaron a las arcas entre los años 94 y 96: “Estas son entidades privadas y nosotros no podemos gerenciar una empresa de este tipo”, puntualizó Hernández.
