La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol – Tolima, le hizo un llamado a las autoridades competentes para que actúen y garanticen el restablecimiento del servicio público registral, pues desde el pasado 28 de octubre algunos trabajadores de unas 30 oficinas de Instrumentos Públicos del país están en cese de actividades.
“Este nuevo cese de actividades agrava de manera crítica la precaria prestación del servicio público registral en el país y se convierte en uno de los procedimientos más restrictivos, complejos y de impacto negativo en el acceso a la vivienda de los colombianos, la política de vivienda social, la financiación hipotecaria y el desarrollo regional y del mercado inmobiliario”, señala la entidad en un comunicado.
Reactivación en juego
De acuerdo con el gremio constructor, la parálisis del servicio público registral ha frenado inversiones en vivienda nueva equivalentes a 1,6 billones de pesos y se ha puesto en riesgo el acceso a la vivienda formal de ocho mil familias colombianas.
En el caso del Tolima, la cifra de inversión frenada supera los 44 mil millones de pesos y 347 familias han dejado de recibir su vivienda oportunamente.
“Con el pasar de los días y el cese de actividades, el problema se convierte en uno de los principales riesgos para la reactivación económica de la región y un retroceso en la política de vivienda. Los bancos no desembolsan la plata, las personas no pueden estrenar los apartamentos y las empresas de acabados también se afectan. No garantizar la continuidad de este servicio va en contra de la Ley 1579 de 2012 en la que se consagra que el registro de la propiedad inmueble es un servicio público prestado por el Estado”, reza el escrito.
En la oficina de Ibagué uno mil 500 documentos estarían represados.
Razones de un sindicato
Según Dehybi Villamizar, presidente del Sindicato de Trabajadores de Notariado y Registro, Sintranore, el cese de actividades se debe a que en “el 2017 la Superintendencia de Notariado y Registro Instrumentos Públicos permitió que unas empresas privadas pudieran comprar los certificados en 13 mil pesos y venderlos en 22 mil. Lucrándose de un servicio público”, dijo. Añadió que solicitan la ampliación de la planta de personal, mejoramiento de las instalaciones y respeto por los derechos laborales de los colaboradores.
