Con el cierre de los colegios a causa de la pandemia, no solo hubo que migrar el sistema educativo a la virtualidad sino que también hubo que adaptar otros programas y beneficios con los que contaban los niños en los colegios.
Uno de los esquemas que hubo que adaptar fue el Programa de Alimentación Escolar (PAE), diseñado para entregar alimentos a los estudiantes en los colegios con el fin de aumentar su permanencia escolar y su desempeño y atención en el aprendizaje.
El programa tenía que seguir operando, y más aún en medio de la crisis económica que derivó el covid-19 y que hacía más necesario el apoyo alimenticio para millones de niños en el país.
Tan solo días antes de que se decretara el cierre de los colegios, el Gobierno Nacional puso en marcha la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar, denominada Alimentos para Aprender, con el fin de mejorar la cobertura, la calidad, la financiación y la transparencia del PAE en el país. La Unidad de Alimentos para Aprender asumió entonces la transformación del modelo de alimentación para poder llegar a las casas de los estudiantes.
En entrevista con COLPRENSA, Juan Carlos Martínez Martín, director de la Unidad, habló sobre cómo se adaptó el programa para entregar las canastas en casa, sobre la detección de irregularidades con los alimentos del PAE y sobre las metas y retos del programa para este 2021 en medio del regreso a clases en alternancia.
-¿Por qué se creó la Unidad de Alimentos para Aprender y qué papel cumple dentro del Programa de Alimentación Escolar?
La Unidad de Alimentos para Aprender se creó como un ente administrativo, autónomo, adscrito al Ministerio de Educación, con el fin justamente de darle una estructura administrativa, financiera y toda una capacidad técnica que permitiera el manejo de un programa tan enorme que se presenta en todo el país como es el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el programa que lleva alimentos a los establecimientos educativos y que llega actualmente a más de 5.600.000 estudiantes.
Es un programa muy complicado. Son más o menos 2,4 billones de pesos al año lo que se invierte en este importante programa y todos los que llevamos años trabajando en el sector sabemos el enorme impacto que tiene para el acceso y la permanencia de los estudiantes más vulnerables. Si no hubiera la alimentación muchos de ellos dejaban de estudiar.
A fin de cuentas es una estrategia de acceso, permanencia y bienestar de los estudiantes en el proceso académico, porque eso también redunda en la calidad y en la disposición para el proceso de aprendizaje.
Esto, con un grupo dentro del Ministerio, con una subdirección y una dirección, no lograba tener el suficiente impacto y por eso se crea la Unidad para generar toda esta estructura de organización, lineamientos, normatividad y el apoyo para el fortalecimiento y para mejorar la cobertura, la calidad y la transparencia del programa.
-¿Cómo se adaptó el Programa de Alimentación Escolar para entregar los alimentos en casa en medio de la pandemia? ¿Cuáles fueron los principales retos de migrar un sistema que se adelantaba en los colegios para poder llevarlo a las casas?
Tenemos reconocimiento internacional por la velocidad a la que Colombia hizo la modificación de la normatividad del PAE para cumplir con esa obligación social. Era imposible pensar que la población vulnerable sin garantía alimentaria pudiera estar en sus casas guardados asegurándose de esta situación de la pandemia.
No fue fácil, claro. De entrada, la reacción de los entes territoriales fue que no se podía migrar el modelo. Pero así como el servicio de salud funcionó, así como la gente que presta servicios públicos tuvo que seguir trabajando para que la población pudiera estar en ese aislamiento, nosotros fuimos uno de esos actores que teníamos obligatoriamente que entrar al servicio social de apoyo para el aislamiento.
Por eso, el PAE tenía que acompañar el proceso de aprendizaje en casa con un mecanismo que fuera lo más sencillo de aplicar. Cuando se declaró la pandemia, el 16 de marzo decidimos qué hacer con todos los alimentos que ya habían sido entregados en los establecimientos educativos para que no se perdieran.
El 17 de marzo, el señor presidente emitió el decreto 470, que es el decreto que autorizó al programa a modificar la reglamentación para que ese servicio ya no fuera solo en los colegios sino que pudiera ser en la casa.
¿Qué cambios hicimos ahí? Un cambio de modalidad, el programa estaba diseñado para ser en el colegio, ahora había que entregar en casa. Vimos todas las alternativas y no descartamos ninguna: alimento industrializado, paquete alimenticio para preparar en casa y bono alimentario para reclamar en superficies de mercados.
Segundo, no podía ser una entrega diaria porque estábamos generando una movilidad que no contribuía al aislamiento, por eso se pensó en que fueran entregas mensuales y como mínimo quincenales para ayudar en este proceso de aislamiento. Y lo más importante es que ese enorme recurso no quedara bloqueado y sin usarse. Lo que se diseñó fueron paquetes que tenían el mismo valor nutritivo de lo que recibía el estudiante en un periodo mensual en el establecimiento educativo y con valor equivalente financiero a fin que el recurso del programa se ejecutará.
El señor presidente puso además unos recursos adicionales con el fin de que también pudiera cubrir en épocas de receso escolar, porque el virus no hace receso y era necesario prestar el servicio.
En la normatividad, ya no estaban los colegios, ya no podíamos decirle al rector que certifique el colegio, eso cambia los esquemas de supervisión, los esquemas de entrega, los esquemas de revisión, y todo eso tuvimos que ampliarlo.
-¿Qué balance entrega el PAE de su gestión en 2020? ¿A cuántos niños se logró llegar y cuál fue la cobertura del programa el año pasado?
Se entregaron más de 37 millones de canastas con raciones mensuales. Cerca de 5.700.000 estudiantes se beneficiaron de esta acción.
Si miramos referentes de otros países de Latinoamérica, ningún otro aumentó cobertura en este proceso. Varios redujeron el suministro en comparación con lo que se atendía, algunos ni siquiera lograron continuar con la atención.
Nosotros crecimos incluso un 2% en la atención y crecimos en lo rural, tanto que una vez se cumplió la meta del cuatrienio establecida en el plan de desarrollo de matrícula rural atendida por el PAE.
Por supuesto, en esto hay grandes diferencias. Hay entidades territoriales que lograron prestar el servicio más de 180 o 190 días y hay otras que a duras penas lograron 120. 35 de ellas fueron tremendamente eficientes para adaptarse a la nueva normatividad y hacer todos los ajustes de contratos, operativos, organización y supervisión en 15 días.
La mayoría, otras 60 entidades, logró hacerlo en un mes y solo hubo una que tuvo problemas y se demoró tres meses en lograr adaptarse a esa nueva condición. No todos lograron los mismos tiempos, pero el promedio fue superior incluso al 2019. Ese año, el reporte oficial del Ministerio, que era directamente quien administraba el programa, indica que fueron 170 días promedio de atención y el año pasado fueron 175 días, a pesar de la pandemia.
A pesar de que la Unidad se creó en marzo cuando empezó la pandemia y de que tuvimos que montar todo un tema administrativo, financiero, personal, técnico, logramos aumento de cobertura y de atención.
-Usted menciona que para algunas entidades fue más difícil adaptarse al cambio a la entrega de alimentos en casa. ¿En cuáles cree que hay que seguir fortaleciendo las capacidades del programa?
Nosotros tenemos seguimiento todas las semanas a todas las entidades. Hay unas entidades que requieren más apoyo, porque las grandes tienen un gran personal, gente muy capacitada, y finalmente requieren menos apoyo.
El jueves de la semana entrante tenemos una reunión con todos los secretarios de educación que cambiaron y todos los líderes territoriales del PAE que cambiaron este año para hacer la inducción. No queremos esperar a que tengan problemas, sino que estamos siempre pendientes desde antes.
Pero por supuesto, sabemos que los departamentos y municipios con menor capacidad económica y administrativa requieren un acompañamiento más cercano. Tenemos unos asesores y profesionales especializados que tienen asignadas unas entidades territoriales y semanalmente hacen el monitoreo y establecen cualquier encuentro que sea necesario para apoyar su proceso particular. También los hacemos con los organismos de control o con Colombia Compra Eficiente para el tema contractual.
-Claramente la alimentación de los niños es clave en todas las edades y es importante la calidad de alimentos que reciben. ¿Cómo trabaja el PAE para promover una alimentación más saludable en los estudiantes que reciben sus canastas?
Esta pregunta tiene varios puntos importantes. Primero, hay que lograr hacer el justo equilibrio en el objetivo del programa, que es un objetivo de educación, no es un objetivo de nutrición. Además, la etapa nutricional más importante es hasta los cinco años y no la cubre el programa, porque constitucionalmente la población en edad escolar es de 5 a 17 años. Sin embargo, no significa que no se requiera tener ese apoyo nutricional.
Además, hay que hacer el equilibrio entre gusto y balance. Si la comida está bien balanceada, pero no es agradable para que se la coman no va a servir. Eso es un ejercicio en el que debemos trabajar.
Dos, el control de riesgos. Si uno en la casa lo sufre, porque cuando uno va al mercado algo le sale dañado, imagine el riesgo con 5.700.000 niños todos los días en 40.000 sedes. El riesgo es tan alto que los controles tienen que ser muy altos y ahí estamos trabajando fuertemente con Invima y con las Secretarías de Salud territoriales para reforzar esos mecanismos para el control de la calidad de los alimentos, reforzando cuando son para el PAE.
Y viene un componente más que venimos trabajando con cooperación internacional: estamos desarrollando un programa para generar cultura de alimentación saludable y agradable en el establecimiento educativo como parte de la cultura de alimentación saludable para toda la comunidad.
-En 2020 conocimos algunos escándalos en el PAE como en Bucaramanga, en donde los niños recibían carne de caballo o burro, o casos de sobrecostos. ¿Qué ha hecho el programa para blindarse de irregularidades y de alertas que ocurren con el dinero de los alimentos de los niños?
Este es un tema muy delicado y por eso no basta con el control en un nivel. En el cambio que estamos haciendo en los lineamientos y en los acuerdos con los otros actores estamos aumentando los niveles de control en las diferentes instancias.
Tenemos el caso de Bucaramanga, en Santander. Estamos hablando de un caso de un proveedor de carne, no del PAE. Ninguno de los seis operadores que tenía el PAE en 2019 cuando ocurrieron los hechos estuvo involucrado en el proceso, era un proveedor de carne que hacía fraude con el alimento.
Por eso estamos hablando de la necesidad de aumentar los controles que hace el Invima y que hace la Secretaría de Salud para cuando son alimentos que se compran en gran cantidad para el PAE. ¿Cómo hacer que una entidad territorial con su supervisión y su interventoría aumente los controles de detección y atienda más oportunamente las quejas que llegan del establecimiento educativo por sospechas? Porque a ojo nadie reconoce que la carne sea de res o de otro animal o si esa res la mataron indebidamente o si se había muerto por una enfermedad.
Aunque nuestra normatividad exige que solo lo que cumpla todos esos requisitos y sellos es lo que pueden garantizar los operadores, siempre habrá una persona que cree que tiene el derecho de poner en riesgo a la población y a los niños. Por eso estamos trabajando con el Invima en cómo aumentar los controles y los protocolos ante cualquier riesgo en esos casos.
Tenemos que lograr detecciones más oportunas. Van a cambiar los lineamientos de revisiones preventivas, de las supervisiones, de las interventorías, de los operadores y los refuerzo con las Secretarías.
-El caso de la carne en Bucaramanga trascendió mucho en medios, pero ¿qué otras irregularidades han detectado ustedes en la supervisión constante que le hacen al programa?
El esquema en este momento es bastante más complejo al no tener la ventaja de los colegios operando. Generalmente de esa forma salen mucho más rápido las alertas. En las casas se vuelve más disperso el control social y eso es un punto que estamos fortaleciendo y reglamentando hacia el futuro.
El año pasado tuvimos unos casos: quejas de que les debía llegar otra cantidad, algunas otras quejas que ocurren siempre que se cambia un producto por uno alternativo por razones de mercado. Al principio muchos recurrieron al atún como proteína y eso generó una especulación.
Pero sí hubo casos que nos dieron alegría porque actuaron muy oportuna. Por ejemplo, el caso de unas latas de atún a las que les habían tapado con tinta la fecha de vencimiento. Inmediatamente reaccionaron la entidad territorial y el operador. Demandaron a ese proveedor y se sustituyó todo el alimento que estaba por consumir.
¿Qué es lo importante? Uno tiene que tener claro que nunca va a lograr que en el mercado el 100% esté sano y por eso lo que tienen es que funcionar todos estos sistemas de alerta y de reacción inmediata antes de que se genere un riesgo.
-Este año hay que adaptar el esquema nuevamente al modelo de alternancia que implicará que unos jóvenes reciban la alimentación en casa y otros en el colegio, ¿cómo será esta adaptación?
Desde el año pasado sacamos los lineamientos y sacamos una circular sobre cómo asumir este reto y hemos dado la capacitación.
Como la planeación hay que hacerla para el año, no hay duda que va a haber arranque con PAE en casa en la mayoría y no hay duda que al acabar el año va a haber alumnos estudiando en los colegios. Por lo tanto, el plan de este año y el contrato tienen que tener ambas modalidades y tienen que dar la flexibilidad para que se puedan suministrar las raciones de esa manera.
Esta estrategia del PAE es para que los niños vayan al colegio. En ese sentido, sería contraproducente que empecemos a pedirles que vuelvan al colegio pero que se les siga dando la alimentación en la casa, porque eso va a hacer que muchos tomen la decisión de seguir virtualmente o que algunos padres también tomen la decisión de poner al niño a trabajar ya que el alimento llega a la casa.
Obligatoriamente hay que ir detrás de lo que se planea en educación. Si se planea que el niño va a estar en el establecimiento, ese día debe llegar el alimento al colegio. El PAE tiene que ayudar a este proceso gradual y constante de volver hacia la normalidad académica.
-¿Cuáles son las otras metas que tiene el Programa de Alimentación Escolar para este año 2021?
El año antepasado solo 43 entidades lograron iniciar su atención dentro del margen de la primera semana. El año pasado fueron 60, y este año tenemos como meta que 74 entidades lo logren.
El año antepasado fueron 170 días promedio de atención. En 2020 logramos 175 días promedio, y este año queremos llegar a 178, ya que la meta del cuatrienio en el plan de desarrollo es de 180 días promedio de atención.
También tenemos la meta de seguir aumentando la cobertura, incluso la rural aunque ya hayamos conseguido la meta en el tema rural. En el área urbana estamos rezagados porque el crecimiento fue muy difícil el año pasado por la situación financiera. Seguiremos avanzando además en la atención diferencial en la población indígena.
Pero quiero destacar también que tenemos dos artículos en la ley de transparencia que presentó el presidente en el Congreso, para endurecer las sanciones a quienes no cumplan adecuadamente con la norma, pero más importante para que el PAE tenga la lógica de un servicio público que no puede dejar de operar por un incumplimiento o problema contractual.
Tenemos un desarrollo fuerte este año en el sistema de información para todos los actores, y un sistema de auditorías que ya diseñamos y que vamos a empezar a pilotear ahora y que desde el segundo semestre ya estará fijo. Tenemos un reto enorme.
