La Sala de Reconocimiento de la JEP acreditó en las últimas semanas a 10 organizaciones indígenas, ocho consejos comunitarios afrodescendientes y seis organizaciones campesinas dentro del Caso 05, que prioriza las violaciones a los derechos humanos en el norte del Cauca y el sur del Valle.
De acuerdo con el Tribunal de Paz, se ha reconocido a más de 180.000 víctimas y 124 organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas.
En el auto 092, por ejemplo, se acreditó a la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC). De acuerdo con los más recientes censos de los nueve resguardos y cabildos que integran esta organización, a estos pertenecen 2.181 familias y más de 6.000 personas.
En el Auto 109, se acreditaron como víctimas colectivas a los Consejos Comunitarios del municipio de Florida de La Acequia, Ángel de la Luz de la parte baja del corregimiento de Chocosito, Ángel de la Luz de la parte alta del corregimiento de Chocosito, corregimiento Remolino, vereda la Unión, San Antonio de los Caballeros, Perodias y Tarragona que reúnen a más de 7.800 personas y a sus territorios.
Por otro lado, en el auto 110, el tribunal de paz acreditó a la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria Regional Cauca (FENSUAGRO –Cauca) como interviniente especial en calidad de víctima colectiva en el Caso 05.
Mientras que en el auto 116 se acreditó a la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos (AMUC) del municipio de Pradera, Valle del Cauca, como víctima colectiva, y en el auto 117 se acreditaron a las organizaciones campesinas de Caldono: ASFAVICAL, Unidos Lograremos la Paz, Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado, Tejedoras de Arte y Cultura de Caldono y JAC-Siberia y a sus territorios.
A juicio del tribunal de paz, con estas acreditaciones, en el caso 05 se ha completado la acreditación de la totalidad de organizaciones indígenas y afrodescendientes del Norte del Cauca y la mayoría de organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas del sur del Valle del Cauca.
EL MACROCASO
La JEP abrió este macrocaso, el 16 de noviembre de 2018, con el se busca priorizar las violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado interno en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada en el Cauca, y Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y Jamundí, en el Sur del Valle del Cauca.
La priorización de este caso se dio a partir de los informes presentados por la Fiscalía General, la Organización Nacional Indígena de Colombia y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
En esos documentos, la Sala de Reconocimiento identificó hechos graves como desplazamiento forzado, secuestros, tortura, violencia sexual, muertes producto del conflicto armado, confinamiento, siembra de minas antipersonal, reclutamiento forzado, desaparición forzada, ataques a la población civil, amenazas y atentados al medio ambiente y al territorio, por parte de integrantes de las Farc y de miembros de la fuerza pública entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016.
