Habitantes de Coello Cocora siguen esperando que el alcalde les construya un puente peatonal, según lo ordenado hace tres años por la Corte Constitucional.
Siguen sin terminar el puente en Cocora
Los habitantes de una vereda del corregimiento Coello Cocora, siguen esperando que la Alcaldía de Ibagué cumpla con el fallo de la Corte Constitucional que ordenó hace tres años la construcción de un puente peatonal sobre el río Cocora, debido a que el paso por un puente improvisado que ya existe, pone en riesgo la vida de las personas.
La espera continúa, esto a pesar de que en septiembre de este año, una juez sancionó al alcalde Andrés Fabian Hurtado Barrera con una multa por $17 millones 400 mil pesos y quince días de arresto por desacatar dicha decisión judicial. Esa misma media aplicó también para el secretario de Agricultura y para la personera municipal.
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Esta situación ha generado enormes afectaciones a los residentes de la zona, toda vez que el actual paso peatonal que existe, ya está deteriorado y en temporada de lluvias, ocasiona accidentes, como el caso de Luis Fernando Machado, uno de los agricultores que reside en la zona y administra un cultivo de alrededor de veinte mil árboles de café, quien manifestó que la mañana del pasado domingo sufrió una caída cuando intentaba cruzar.
Machado aseguró que además del golpe que sufrió, se le perdió un bulto de café, avaluado en alrededor de 800 mil pesos.
A pesar de que la obra ya fue contratada y el encargado comenzó su ejecución, los afectados siguen reclamando el cumplimiento de la sentencia, pues aseguran que dicha construcción se encuentra abandonada hace varias semanas y lo más seguro es que este año no sea terminada.
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Mientras tanto, los campesinos deben seguir haciendo peligrosas maniobras para sacar sus productos agropecuarios hasta la carretera.
El alcalde ya fue sancionado
En septiembre de este año, la juez Kelly Tatiana Medina, del Juzgado Décimo Municipal Mixto con Funciones de Conocimiento, encontró razones de peso para considerar que tanto el alcalde Andrés Hurtado, como el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Daniel Jaramillo; así como la personera municipal, Francy Johana Ardila, no habían ejecutado oportunamente las acciones necesarias para iniciar la construcción de un puente peatonal en la zona. Por ende, ordenó el arresto durante 15 días de los tres funcionarios.
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La juez concluyó en su momento que “ni siquiera se realizaron los estudios previos para la obra” y que entre 2021 y 2023 no hubo ningún avance. Y agregó que sólo hasta julio de 2023, cuando se abrió el incidente de desacato, hubo acciones al respecto. Cabe recordar que en 2020 la Corte Constitucional indicó que la ‘Ibagué Vibra’ les incumplió a estas comunidades.
Entre los argumentos que esgrimió la defensa de Hurtado, menciona que la construcción del puente ya no sería necesaria, pues la señora Jésica Gamez Jara, quien interpuso la tutela, ya no vive en el lugar; y que a 900 metros hay un puente peatonal, por lo que según la defensa “la señora lo que quería era que le construyeran un puente frente a la casa”.
Frente a dicha respuesta, el abogado Joaquín Torres, conocido como el ‘Rey de las Tutelas’, manifestó su indignación al respecto: “Lo que afirmó el alcalde es inhumano, es una canallada y muestra que está de espaldas al pueblo. Debería darle vergüenza, ¿osea que la señora tenía que quedarse ahí, aunque su hija no tuviera un puente para ir a estudiar?”.
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Torres, quien asesoró a la campesina en su acción de tutela, indicó que ella tuvo que mudarse a la vereda El Tambo por el riesgo que representaba para la niña el cruzar a diario guaduas puestas de manera artesanal. Asimismo, explicó que si bien hay un puente a 900 metros, para llegar a él hay que transitar por una loma muy empinada.
“Eso es como si usted tuviera que caminar cinco kilómetros en terreno plano, y si lleva carga, peor”, agregó.
