REDACCIÓN Q’HUBO qhuboibague@gmail.com
El Secretario de Gobierno de Ibagué, Milton Restrepo Ruiz, a propósito del pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, indicó que los detenidos que hay en la actualidad en la Permanente no son ibaguereños, pero su sostenimiento proviene de los impuestos que pagan los ibaguereños.
“Por eso le pedimos al Gobierno Nacional que se involucre y al Gobernador en una solución que no es como dice la Procuradora, no hay 700 hacinados, hoy la cifra es de 418 personas”, dijo.
Y añadió, que la Procuraduría abrió incidente de desacato e investigación al Inpec porque teniendo cupos en el Coiba no ha trasladado a estas personas.
“Hay varios condenados que deberían estar en el Coiba siendo atendidos y no en la Permanente”, agregó.
Proyecto frenado
Sobre el hacinamiento en la Permanente Central, donde en la actualidad hay cerca de 500 internos detenidos, Restrepo aseguró que el proyecto que tenía la Alcaldía para crear un centro de reclusión transitorio donde se involucre al Inpec, está frenado.
“Hoy con el nuevo gobierno está frenado, es un proyecto que vale más de 11 mil millones de pesos, que necesita la participación del Ministerio de Justicia, que estamos pendientes que nos digan si nos van a cofinanciar porque con los recursos solos de la Administración municipal es muy difícil, pero adicional, de esas casi 700 personas, menos de la mitad son ibaguereños, de resto son de varias partes de Colombia, del Departamento, y es ahí donde la Gobernación y el Gobierno Nacional tienen una gran responsabilidad”, dijo.
Aseguró, además, que el Coiba tiene infraestructura, pero ha habido supuestamente presiones para que se suscriba un convenio por dos mil millones de pesos con el Inpec. “(…) No se pudo avanzar porque estaban pidiendo sobresueldo los guardianes y que jurídicamente nosotros no podemos pagarles sobresueldos porque el Estado les paga y debo decirles que el Inpec y el Coiba tienen suficiente capacidad instalada para recibir y con eso no tendríamos hacinamiento en la Permanente de Ibagué”, finalizó.
Reacción del sindicato del Coiba
Alejandro Durán, representante del sindicato del Coiba de Picaleña, afirmó que en la actualidad en el Coiba hay mil 308 reclusos, de los cuales, el 80 por ciento le corresponde al Municipio. Asimismo, que hay diferentes detenidos que no son de Ibagué, pero que cometieron los delitos en la Capital Musical y fueron capturados por las autoridades de esta ciudad.
Agregó Durán, que a través de acciones de tutela se ha ordenado recibir diferentes detenidos y que hay un fallo que señala que el Municipio debe cumplir la norma y construir o mejorar un centro de reclusión transitorio para capturados o sindicados en Ibagué.
“Él nos va a endilgar una culpa que no tenemos nada que ver. El Instituto Nacional Penitenciario tiene como función cuidar los condenados y es hasta el momento con lo que hemos venido cumpliendo.
“A la fecha tienen ocho condenados, pero no se sabe el establecimiento dónde deben llevarlos porque no han cumplido con unos requisitos que exige la dirección regional”, aseguró el representante del sindicato. En cuanto al tema del sobresueldo, Durán afirmó que con una mayor población de internos, habría una sobrecarga en las labores actuales del personal del Inpec y añadió que “no ha habido voluntad del Gobierno local”.
Por último, indicó que durante 2022 recibieron 740 privados de la libertad, entre sindicados y condenados, y en lo corrido de 2023, ya van 300.
Tome nota
Un privado de la libertad le cuesta al Estado dos millones 640 mil pesos al mes; al año, 31 millones 712 mil pesos.
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