El juez Promiscuo Penal Municipal de Pueblo Rico (Risaralda) dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a los siete uniformados del Ejército que confesaron haber abusado de una indígena, perteneciente a la comunidad Embera.
«El juez atendió la petición de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario para los procesados, la cual deberá cumplirse en una guarnición militar que cuente con las condiciones necesarias», dice el comunicado del ente acusador.
En audiencias preliminares en donde se les imputó el delito de acceso carnal violento en menor de 14 años, los soldados aceptaron los cargos, seis de ellos fueron judicializados como autores y uno como cómplice.
Desde Cali (Valle del Cauca), el Fiscal General, Francisco Barbosa señaló “en menos de 72 horas, en un enlace con las diferentes autoridades, y en una acción liderada por la delegada para la Seguridad Ciudadana y la Seccional Risaralda, se produce un resultado contundente en un hecho doloroso para los colombianos”.
Barbosa reseñó que las más de 40 acciones investigativas dispuestas el ente acusador fueron determinantes para poner en evidencia a los siete soldados regulares adscritos al Batallón de Alta Montaña del Ejército Nacional en Génova (Quindío), que servían de apoyo al Batallón de Artillería San
Mateo con sede en Pereira.
“Ellos mancharon su uniforme y la dignidad de la niñez de Colombia, por eso se les solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario”, señaló el Fiscal General y añadió que “no vamos a ceder un ápice en la defensa de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescente».
Los hechos fueron conocidos hasta este miércoles, sin embargo, ocurrieron el pasado 22 de junio. La familia de la menor denunció los hechos, luego de que su hermana reportó la desaparición de la menor días atrás.
La Fiscalía, además de la aceptación de la responsabilidad en los hechos por parte de los soldados, tiene testimonios de 25 uniformados, la entrevista a la menor abusada, la hermana de la víctima, así como los exámenes médicos practicados por Medicina Legal.
Se espera entonces que en dos meses, se cite audiencia nuevamente para determinar el sentido de fallo y la cantidad de años a los que serán condenados. Cabe mencionar que el fiscal señaló que se enfrentarían a penas entre 15 y 30 años.
En este caso, expertos penalistas han señalado que no se puede poner en vigencia la cadena perpetúa.
COLPRENSA
