La petición la firman algunas asociaciones y organizaciones como la Asociación Colombiana de Salud Pública, la Federación Médica Colombiana, la Organización Defensa del Paciente, la Asociación Médica Sindical de Antioquia, el Sindicato de los Trabajadores de la Salud, la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, la Asociación Nacional de Internos y Residentes, los Colegios Médicos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Boyacá, Bogotá y muchas otras asociaciones del sector salud del país.
Según los firmantes, aunque se dice que el proyecto busca desarrollar la Ley Estatutaria 1751 de 2015 que declara la salud como un derecho fundamental, lo que propone el proyecto de ley es contrario al derecho fundamental a la salud.
Afirman, “se constituye una profundización del negocio de la salud por medio de oligopolios y monopolios de intermediarios financieros; retoma normatividad vigente y fallida, que no ha resuelto los problemas visibilizados por la pandemia, con la profunda crisis de la salud que describe la exposición de motivos de la iniciativa; y otras normas que no han podido ser implementadas por la estructura del modelo de salud”.
Según Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, este proyecto contiene disposiciones que ya existen por vía de resoluciones y decretos y que no han funcionado en el país.
Además, según Corcho, en lugar de eliminar las EPS se cambia su nombre a aseguradoras y se conforma un oligopolio pasando de 48 a cerca de 10 entidades. Pero lo más importante, no cambia el sistema de atención de salud por medio de las EPS, un sistema que consideran ha sido fallido en Colombia, pues sólo hasta junio de 2020 había 1.200.000 quejas por inatenciones de las EPS y 200.000 tutelas anuales para exigir la prestación del servicio de salud.
Corcho explicó que esta reforma tiene varios artículos que afectan a los ciudadanos, pues se aumentan los gastos de quienes no trabajan para pagar la atención en salud y se perjudica a los pacientes con la creación de sanciones monetarias al incumplir los tratamientos médicos.
Pero lo que también preocupa a las agremiaciones es que el proyecto fue presentado con mensaje de urgencia, es decir, que se recorta su proceso de trámite a sólo 3 debates, y preocupa entonces que un tema de tanta importancia sea discutido en tan pocos debates y por sesiones virtuales o semipresenciales.
El texto enviado al Congreso afirma que el proyecto 010 “continúa con la desigualdad derivada de la capacidad de pago y aumenta el gasto de bolsillo de los colombianos más pobres con la llamada “contribución solidaria”, mientras disminuye los aportes de los empleadores y protege los cuantiosos recursos públicos de la salud que se quedan en diversos intermediarios del negocio”.
Según Germán Enrique Reyes, presidente de la Asociación Médica Sindical Antioquia (ASMEDAS Antioquia), el proyecto sigue promoviendo las competencias entre las EPS, pero además, no resuelve la precarización laboral de los trabajadores del sistema de salud del país.
“Lo planteado es una burla a este sector poblacional en momentos de crisis, dado que la iniciativa es irrelevante, solo se ocupa de enunciados exhortativos sin carácter vinculante y recaba sobre normatividad existente, sin resolver los problemas de precarización laboral en los establecimientos públicos y privados del sector”, dice la carta entregada al Congreso.
En resumen, las agremiaciones afirman que el texto no resuelve la profunda crisis del sistema de salud, una crisis que es ética, financiera, humanitaria, de transparencia, de derechos humanos y de salud pública.
Ante esto, las agremiaciones trabajan en un nuevo proyecto de ley que resuelva las que consideran son los problemas del sistema. Según ellos, esta nueva propuesta será acorde con la Ley Estatutaria para la salud, será producto del consenso nacional e incluirá de manera especial un estatuto para los trabajadores de la salud.
Según Reyes, este estatuto propondrá ingresos justos, estabilidad laboral, educación médica continua, elementos de protección para todo el sector médico y la declaración de la profesión de la salud como un ejercicio de alto riesgo, que implicaría un régimen especial para médicos y demás profesionales del sector.
