IBAGUÉ. En el ‘Limbo’ así están los detenidos, con orden de encarcelación que se encuentran en la Permanente Central y no los reciben en el Coiba de Picaleña, por cuenta, según el sindicato del Inpec, de una tutela que ganaron por hacinamiento.La medida la adoptaron pese a que se levantó el ‘Plan Reglamento’ en todo el país.
El alcalde encargado, Hugo Ernesto Zárrate señaló: “Tenemos claridad sobre el tema, la Constitución y la ley deposita la responsabilidad al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia de atender las cárceles de Colombia. La ley penitenciaria no establece una obligación para los municipios, ni de contratar con ellos, ni de asumir recursos para los presos para la justicia penal ordinaria”.
Según Zárrate: “A mi modo de ver, el Inpec si se sigue negando a recibir los presos con órdenes que expiden los jueces penales de la justicia ordinaria se van a meter en problemas muy graves”.
Debido a esta situación, desde su cartera de Gobierno interpuso una acción de tutela para amparar el derecho de los internos, que no puede soltar el municipio y lo que pide el Inpec es muy alto.
Por el hacinamiento en la Permanente con capacidad para 70 personas de manera transitoria y hoy cuenta con más de 140, el Ibal ha ido a destapar las cañerías, la Secretaría de Salud ha estado pendiente de la salud de los detenidos, la Policía vigila constantemente y los Inspectores Permanentes de Policía también trabajan las 24 horas del día.
Y sentenció que: “El caso es que el municipio no tiene la responsabilidad de tener retenidos y es sólo por efectos de la justicia policiva ordinaria”.
El Inpec. Por su parte Alejandro Durán, del sindicato del Inpec en el Coiba señaló que una acción de tutela falló a favor de ellos y ampara al Coiba para no recibir más internos.
“Nosotros como Inpec tenemos la obligación de custodiar internos condenados y los municipios tienen la obligación de tener su propio establecimiento carcelario y velar por la administración del mismo, seguridad, alimentación, útiles de aseo, todo lo referente al cuidado de los internos. En caso tal que no lo puedan hacer, pueden realizar un convenio con el Inpec para que tomen esa función y los reemplace a ellos en lo ordenado por la ley”, dijo Durán.
Según el representante del sindicato, “nosotros por mejorar la situación de los detenidos en las carceletas de la Fiscalía y la Policía, no podemos desmejorar los derechos fundamentales a los que están en el complejo. Es lo que dice la tutela”.
Y referente a la libertad, por vencimiento de términos de los sindicados, a quienes no les ha prorrogado la detención, señaló que pueden salir 100 estos, pero que pueden volver a la cárcel.
Además que, “no estamos yendo en contra de las decisiones de los jueces y cumplimos es la tutela”, dijo Durán.
La tutela fue fallada el pasado 14 de junio a favor del Inpec por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito.
El representante del sindicato señaló que de parte del Gobierno Municipal no hubo disposición sobre el tema y se quedaron quietos, porque no lo pueden obligar a mejorar la situación de los internos.
Y sentenció que: “La responsabilidad en este momento es del municipio, ellos han sido evasivos nos lo lanzan a nosotros y en reuniones con diferentes personalidades, les dijeron que debían responder por los internos sindicados, y responden por las detenciones policivas”.
Por último, recordó que la Alcaldía Cajamarca por ejemplo les entregó 50 millones de pesos y que la norma 1709 de 2014, modificó la ley 65 de 1993, en la cual los municipios debe entregar dinero al Instituto Nacional Penitenciario.
Cifras:
* Cuatro mil 600 internos hay en el Coiba.
* 149 detenidos en la Permanente, nueve mujeres.
* Un millón 200 mil pesos cuesta mensualmente la manutención de un interno.
* Siete Bloques hay en la Cárcel de Picaleña.
* 800 sindicados hay en el Coiba.
* 540 nuevos cupos se abrirán por la ampliación.
