El juez les impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad consistente en presentarse de manera periódica ante las autoridades y de pagar una caución que supera los 15 millones de pesos.
Medida de aseguramiento no privativa de la libertad les fue impuesta por un juzgado de San Antonio al alcalde de San Antonio (Tolima), Jorge Iván Vásquez Martínez, a su secretario de Gobierno, Enrique Polo Álvarez y al contratista Edward Fernando Hernández Oliveros, imputados como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento privado.
Cada uno de los implicados deberá sí pagar una caución de 15’372.210 de pesos; además deberán presentarse de manera periódica ante la autoridad competente.
Los hechos motivo de esta decisión judicial derivan de la audiencia de imputación de cargos llevada a cabo el pasado 22 de septiembre de la cual quedó pendiente por resolverse la medida de aseguramiento.
Las presuntas irregularidades investigadas fueron detectadas por peritos del CTI adscritos a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, en la etapa de trámite y celebración del contrato de compraventa 096 de 2020 suscrito entre la Alcaldía Municipal de San Antonio y la empresa Fosther Servicios Integrales de Ingeniería SAS, y cuyo objeto era el suministro de insumos de bioseguridad a fin de mitigar el impacto, propagación y riesgo del Covid-19.
Sin embargo, se pudo establecer a través de certificación del Invima, que productos como el gel, el hipoclorito de sodio y el jabón de manos líquido suministrados eran fraudulentos, ya que no contaban con el registro sanitario. Este hecho habría estableciéndose un posible peculado por 15’421.000 de pesos.
