En el marco del Caso 05, denominado ‘Situación Territorial en la región del Norte del Cauca y del Sur del Valle del Cauca’, la Sala de Reconocimiento de la JEP acreditó a un soldado profesional del Ejército Nacional como víctima, por las lesiones sufridas tras la explosión de una mina antipersonal.
La Sala determinó que el soldado fue víctima de delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, que deben ser esclarecidos por la JEP.
El auto señala que el uso de minas antipersonales puede considerarse como crimen de guerra conforme a las normas de Derecho Internacional Humanitario, aplicables en el momento de los hechos, teniendo en cuenta la naturaleza indiscriminada de estas armas y su potencial de causar daños innecesarios.
Los hechos relatados por la víctima señalan como presuntos responsables del uso de minas antipersonales al Frente Sexto de las Farc-EP, comandados por el compareciente conocido como Miguel Ángel Pascuas.
Con esta acreditación se comienza el estudio formal de crímenes de guerra cometidos por las Farc-EP contra integrantes de la Fuerza Pública, en los municipios priorizados en el Caso 05 de la Sala de Reconocimiento.
El Caso 05 prioriza las violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado interno en 17 municipios: Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Morales, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suarez y Toribío, en el departamento del Cauca. Y Candelaria, Florida, Jamundí, Palmira y Pradera, en el departamento del Valle del Cauca.
En este macrocaso se han acreditado 83 sujetos colectivos que reúnen a 34 pueblos indígenas, 47 consejos comunitarios y 2 organizaciones de víctimas. Todos estos sujetos colectivos reúnen a más de 180.000 víctimas. También se ha acreditado al territorio ancestral y colectivo, e individualmente a 67 personas.
