La Procuraduría General abrió investigación contra Carlos Augusto Hincapié Franco y el mayor Jorge Gama, en calidad de director y subdirector encargado de la cárcel La Modelo de Bogotá, por el motín ocurrido el pasado marzo, en el que perdieron la vida más de 20 reclusos.
En el documento, el Ministerio Público anunció que habrá práctica de pruebas en el centro carcelario, con el fin de obtener documentación e información, entre las que se encuentra el organigrama del reclusorio y determinar quién fue el comandante de custodia para la época.
También busca establecer cuáles fueron las medidas que adoptó el entonces director de la cárcel y demás entidades frente a la pandemia generada por el COVID-19, así como las acciones que tomaron las directivas con base al cacerolazo que culminó en la muerte de 24 personas.
En la práctica de pruebas también se espera evidenciar cuál fue el pie de fuerza disponible para el 21 de marzo, momento en que ocurrieron los hechos, al igual que, pretenden conocer el cuadro de mando para ese mismo día.
Respecto de las armas, el Ministerio Público solicitó la normativa con la que se hizo entrega de armamento a los guardas. En este caso, el ente de control busca determinar cómo es este suceso en época normal y en alteraciones de orden público en el interior del centro de reclusión.
En el documento reposa que se debe «determinar la capacidad máxima de la cárcel y grado de hacinamiento», así como también conocer cuáles fueron los patios que participaron en los hechos y cuántos privados de la libertad habían en cada uno.
Además de eso, pretenden evidenciar si los reclusos, el 21 de marzo, llegaron hasta el armerillo y se apoderaron del armamento.
En cuanto a las pruebas testimoniales, el Ministerio Público tendrá en cuenta la declaración de varios internos víctimas y guardas del INPEC que hicieron parte de la seguridad del centro de reclusión durante el pasado marzo.
Human Rights Watch denunció hace algunos días que las muertes ocurridas el 21 de marzo habrían sido intencionales.
El saldo del motín del cual, en materia disciplinaria y penal, la investigación de Hincapié y Gama es de las pocas determinaciones que se conocen respecto de este suceso, que dejó 24 internos muertos y 107 personas heridas, incluyendo 76 detenidos y 31 guardias penitenciarios, que respondieron al motín originado por la falta de garantías al interior del centro de reclusión.
