En una nueva maniobra dilatoria, el abogado defensor del Alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, dentro del sonado caso de los ‘piques ilegales’ del Aeropuerto Perales, solicitó el cambio de radicación del proceso, con lo que buscan llevarlo fuera del Distrito judicial del Tolima y que lo conozca un Juzgado de otro departamento.
Asimismo, el defensor Humberto Escobar, conocido como ‘Tití’, se fue ‘lanza en ristre’ contra los medios de comunicación por ejercer su función de publicar, hacer seguimiento y vigilar este proceso que involucra al actual Mandatario de Ibagué, por hechos que ocurrieron entre el 3 y el 4 de abril de 2014, cuando Hurtado Barrera se desempeñaba como administrador del Aeropuerto Perales. La solicitud pasó a manos del Tribunal Superior de Ibagué, el cual decidirá sobre la misma.
Las solicitudes
Humberto Escobar Escobar, en una extensa intervención, solicitó el cambio de radicación del proceso, porque según su criterio no hay imparcialidad y existe una influencia negativa de los medios de comunicación.
Trajo a colación la reciente sentencia por estos hechos, de Daniel Felipe Cadena Ortiz e indicó que al ser el superior jerárquico, el Tribunal Superior, que lo condenó, podría influir en la decisión del Juez del Circuito.
A estos argumentos la Fiscalía afirmó que justo por las dificultades para ubicar al hoy condenado, este proceso no se llevó a cabo en conjunto y se ha realizado cada uno en despachos diferentes con las mismas garantías.
Por su parte, el abogado de víctimas le recordó que en los procesos de ley 906 no hay traslado de carpetas y los juicios se llevan a cabo con todas y cada una de las pruebas por separado. Al respecto, el Procurador refirió que se trata de otra maniobra dilatoria, pues habla de una imparcialidad ‘supuesta’ y aseguró que los medios de comunicación no tienen injerencia en los procesos judiciales.
Por información periodística
El defensor de Hurtado Barrera pidió que se compulsen copias y se investigue a los servidores públicos del Centro de Servicios Judiciales del Palacio de Justicia por una supuesta filtración en la fecha y hora de la programación de las audiencias de su procurado.
Sobre la petición, la Fiscal 38 Seccional de Delitos Contra la Administración Pública, dijo que no le veía trascendencia y afirmó que con esa solicitud “cercena el trabajo periodístico de los medios de comunicación”.
Entre tanto, el delegado de la Procuraduría refirió que no era una maniobra dilatoria de la defensa, no le veía vinculación con el caso y que al abogado no le bastaba con el llamado de atención que le había hecho el Tribunal por sus largas intervenciones.
Finalmente, el Juez remitió la solicitud a la Comisión Seccional de Disciplina del Consejo Seccional de la Judicatura para que verifique si hubo algún actuar irregular de los empleados del Centro de Servicios.
Responsabiliza al Estado
El Juez Segundo Penal del Circuito recordó que por este caso recibió amenazas contra su vida y solicitó el cambio de radicación, el cual aceptó el Tribunal, no obstante, la Corte lo negó y el proceso se quedó en su despacho.
Añadió al término de la audiencia, que permaneció dos años con un esquema de seguridad y que le fue retirado sin aviso. Además advirtió que será culpa del Estado si le llega a pasar algo a él o a su familia.
Tome nota
En este proceso la acción penal prescribe en noviembre de 2021. Desde diciembre de 2020 está detenido debido a la aparición de una supuesta veeduría y ahora porque el defensor realizó solicitudes que son calificadas de dilatorias.
