IBAGUÉ. En un fallo de primera instancia el Tribunal Administrativo del Tolima condenó a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional a pagar a la familia de Germán Bernal Vaquero por su muerte ocurrida el 7 de noviembre de 2003 en la vereda Potosí, corregimiento de Anaime, zona rural de Cajamarca, y el desplazamiento forzado al cual se vieron obligados.
Por los perjuicios morales, la esposa y dos hijas del occiso deberán recibir la suma de 100 salarios mínimos legales vigentes, y los cuatro hermanos de Bernal Vaquero recibirán el equivalente a 50 salarios mínimos cada uno.
De igual manera por la alteración grave de las condiciones de existencia, es decir la vulneración al derecho a la familia, trabajo, propiedad privada y desplazamiento forzado de los tres hijos y sus dos nietos fueron indemnizados con 70 salarios mínimos legales vigentes.
Y por el lucro cesante y futuro, su esposa María Restrepo recibirá la suma de 158 millones, 507 mil pesos, 742 pesos.
El Tribunal dispuso además que los tres entes del gobierno en los dos meses siguientes a la notificación del fallo, tienen que publicar en un medio escrito de circulación nacional y otro en el Departamento, un informe con las verdaderas circunstancias en las que se produjo la muerte de Bernal Vaquero.
Y llevarán a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad por el asesinato del labriego, en el cual pidan perdón público a los demandantes.
El asesinato
EL 6 de noviembre de 2003, Germán Bernal Vaquero se disponía a transportar leche en un carro por la vía que conduce a Cajamarca, y cuando se encontraba en la tienda de la vereda Potosí, corregimiento de Anaime, ingresaron varios hombres con uniformes del Ejército, saqueron el local y pintaron las paredes con las iniciales ‘A.U.C’, golpearon al hombre, lo insultaron, lo amarraron y se lo llevaron contra su voluntad.
Los familiares de Bernal Vaquero lo buscaron y encontraron el 8 de noviembre de ese año, asesinado, descuartizado, con signos de tortura, múltiples lesiones, decapitado y enterrado en una fosa común de la finca Florida, parte alta de la vereda Potosí. Por este hecho sus familiares se vieron obligados a abandonar la población por las amenazas en su contra. Los pobladores de la vereda Potosí fueron víctimas de hombres armados que desde el 2 de noviembre de 2003, secuestraron y torturaron a Jhon Jairo Iglesias Salazar y Jesús Antonio Céspedes. Y el 5 de noviembre obligaron a desplazarse a Ricardo Espejo, a quien entregaron muerto el 11 de noviembre.
