Desde los primeros días de diciembre de 2020, Koguis, Arhuacos, Wiwas y Kankuamos, las naciones originarias de la Sierra Nevada de Santa Marta, han denunciado de modo insistente las amenazas de las que son víctimas por parte de los grupos armados dedicados al narcotráfico que continúan delinquiendo en uno de los más importantes ecosistemas estratégicos del Magdalena y del país. Por esta razón, han solicitado al Gobierno Nacional garantías y protección para sus vidas, sin que hasta el momento se le ofrezca la debida atención por parte del Estado.
En este mismo sentido, el Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, ya había realizado varias denuncias por la presencia de los Grupos Armados Organizados -GAO-, y pidió la intervención de los organismos de seguridad del Estado con el propósito de impedir su accionar delincuencial y, de igual modo, evitar que los cultivos ilícitos destruyan la socio-biodiversidad de la Sierra Nevada.
A tono con lo anterior, el pasado 27 de enero el Cabildo Gobernador Kogui, Atanasio Moscote, denunció ante la Fiscalía General que varios encapuchados irrumpieron con armas cortas a la zona donde las autoridades tradicionales desarrollaban una reunión, quienes recibieron amenazas contra sus vidas. Este hecho produjo de inmediato el desplazamiento de la comunidad al Corregimiento de Palmor, jurisdicción del municipio de Ciénaga.
A esta denuncia se suma la realizada por líderes sociales, campesinos y ambientalistas de 48 veredas del corredor turístico que une a la capital del Magdalena con La Guajira, en donde se destacan los corregimientos de Guachaca y Buritaca, zona rural de Santa Marta, quienes han denunciado diferentes amenazas en los primeros días de este año.
La situación que se agudizó tras el asesinato de Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, ocurrido el 20 de diciembre del año pasado. Frente a esta situación, cabe añadir, que entre 2019 y 2020 se presentaron seis asesinatos y una desaparición forzada.
“Estos luctuosos sucesos se producen en medio de la reactivación de los grupos paramilitares en el departamento, quienes, además, pretenden utilizar a la Sierra Nevada como corredor para la producción y tráfico de estupefacientes y también de armas. En medio de esto, cabe preguntarle al Gobierno Nacional ¿qué ha pasado con el Batallón de Alta Montaña que se creó para proteger la vida, bienes y la riqueza ambiental y cultural de la Sierra Nevada?”, dio a conocer este miércoles el Partido Fuerza Ciudadana.
“Desde Fuerza Ciudadana y, como lo ha hecho la Gobernación del Magdalena, le exigimos al Gobierno Nacional investigar los hechos aquí denunciados, que se judicialice a los responsables de los mismos y se proteja a la Sierra Nevada frente al rearme paramilitar, sobre todo cuando el país y la región saben del regreso del excomandante paramilitar Hernán Giraldo. Así mismo, demandamos la debida protección de la Sierra Nevada como área protegida, declarada por la Unesco como reserva de biosfera en 1979 y como territorio sagrado de los pueblos originarios”, añadieron.
“Mientras el Gobierno Nacional deja los indígenas de la Sierra Nevada a merced de los grupos paramilitares, el gobierno del Cambio en el Magdalena impulsa la estrategia para que el Sistema de Conocimiento Ancestral de los cuatro pueblos como patrimonio inmaterial de la humanidad sea reconocido por la ONU. Desde Fuerza Ciudadana hacemos un llamado a las organizaciones defensoras de los derechos humanos tanto a nivel Nacional como internacional para que presten especial atención a lo que sucede hoy con nuestras comunidades originarias”, termina diciendo.
