La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, dentro del trámite de medidas cautelares colectivas en favor de los comparecientes forzosos, y con el fin de proteger los derechos fundamentales de los excombatientes, requirió al Consejero Presidencial, Emilio Archila, que adopte e implemente, a través de la Mesa Técnica, el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, incluida la sostenibilidad de los recursos administrativos y financieros necesarios.
Igualmente, la Sección de la JEP requirió al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Alfonso Campo Martínez, para que presente el plan de acción y cómo proyecta evacuar el trámite de las solicitudes y estudios de riesgo pendientes y fuera de los términos de decisión.
A su vez, la JEP requirió al Director de la UNP para que se lleve a cabo el nombramiento y término de contratación de los 686 escoltas y los 40 analistas que se requieren para cubrir las necesidades identificadas en el plan de acción, además que se destine el presupuesto aprobado para la vigencia 2021 y se realice la sostenibilidad financiera de los nombramientos mientras subsista el riesgo para la seguridad de los excombatientes de las Farc-EP.
Las anteriores decisiones responden al análisis de los informes de cumplimiento presentados por los dos altos funcionarios, en respuesta a las solicitudes de la JEP que no han sido atendidas con efectividad, y principalmente ante el incremento de la violencia que afecta a los excombatientes, sus familias e incluso los escoltas.
Según los análisis, cada cinco días un excombatiente de las Farc-EP es asesinado. A la fecha más de 256 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados.
Según la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, los excombatientes no han recibido la atención suficiente por parte de las entidades responsables de prevenir la afectación de sus derechos y proteger la vida, integridad y seguridad de dicha población en condición de vulnerabilidad.
