La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al entonces alcalde de Coyaima, Oswaldo Mauricio Alape Arias (2016-2019), por presuntas irregularidades en contratos de alquiler de vehículos para el cumplimiento de actividades por parte de servidores de la administración municipal.
La Procuraduría Provincial de Chaparral cuestionó al exmandatario la presunta suscripción de nueve contratos adjudicados en forma directa a particulares, por valor total de $60’300.000 que, al parecer, debieron adjudicarse mediante otra modalidad de selección teniendo en cuenta el objeto a desarrollar.
Con este posible comportamiento el investigado habría podido desconocer el literal i del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 que señala que la contratación directa solamente procederá, entre otros, en casos de urgencia manifiesta, bienes y servicios, y para el arrendamiento o adquisición de inmuebles y no de bienes muebles, como habría podido suceder al contratar el arrendamiento de vehículos.
Para el ente de control Alape Arias también podría haber omitido el principio de transparencia de la contratación, previsto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, por presuntamente utilizar una modalidad de contratación que no correspondía.
El ente de control calificó provisionalmente la falta como gravísima a título de culpa gravísima, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.
El exfuncionario podrá solicitar o aportar las pruebas que considere pertinentes para su defensa.
