La Procuraduría le solicitó al gobernador (e) del Archipiélago de San Andrés, Alan Leonardo Jay Stephens, y al alcalde de Providencia y Santa Catalina, Jorge Norberto Gari Hooker, un informe detallado sobre los más de 6.000 contratos de prestación de servicios durante el 2020.
El Ministerio Público busca vislumbrar los valores, contratistas, objetos, tiempos de ejecución, fuentes de financiación y las razones de su suscripción, esto teniendo en cuenta que tras una vigilancia el ente de control identificó que en el departamento entre 2019 y 2020 fueron suscritos 7.366 contratos, de los cuales el 94,12% correspondieron a la alcaldía y la gobernación.
Esa situación despertó la alerta sobre el Ministerio considerando que solo en la isla de Providencia habitan 6.000 personas.
Por último, el ente de control también requirió información sobre las acciones adelantadas frente a las cargas de trabajo y la ampliación de la planta de personal de las dos entidades administrativas.
