Al menos 40 líderes sociales fueron asesinados en Colombia durante el tercer trimestre de 2020, según un estudio divulgado este jueves por el programa no gubernamental Somos Defensores.
El informe registró entre julio y septiembre de este año un total de 184 agresiones contra 182 defensores de derechos humanos, lo que muestra «un panorama sostenido de violencia» al comparar esa cifra con las 183 documentadas en el mismo periodo de 2019.
Además de los 40 homicidios, con los que en los primeros nueve meses del año la organización documentó en total 135 asesinatos, también ocurrieron en el tercer trimestre 121 amenazas, 17 atentados, cinco desapariciones y una judicialización.
«En cuanto a los asesinatos, se presenta un incremento significativo del 54 %, es decir, 14 hechos más que los ocurridos en el mismo periodo de 2019. También es preocupante el comportamiento de los atentados, que presentaron un incremento del 113 %», detalló el boletín.
Pese a que las amenazas registraron una disminución del 17 %, Somos Defensores determinó que esa cifra contrasta con el incremento de las demás agresiones, «lo que evidencia que la violencia contra las personas defensoras se mantiene constante y con una tendencia preocupante de pasar de la generación de zozobra y miedo a la acción directa contra la vida».
De las 182 personas agredidas, 88 presuntamente fueron víctimas de actores desconocidos (48 %), 54 de grupos paramilitares (30%), 20 de las disidencias de las FARC (11 %), 11 de la guerrilla del ELN (6%), 8 de la Fuerza Pública (4%) y 1 de la Fiscalía (1%).
Agresiones en más de la mitad del país
Las agresiones ocurrieron en 22 de los 32 departamentos de Colombia, lo que equivale al 69 % del territorio nacional, y 48 de ellas fueron documentadas en el convulso departamento del Cauca (suroeste), que al igual que en el tercer trimestre de 2019 fue la región con más casos registrados.
La organización también documentó un drástico aumento en el departamento de Nariño, que pasó de seis agresiones a 40 en el periodo.
Esto ocurrió «pese a la militarización del territorio en zonas como el piedemonte y la costa pacífica, con lo cual se evidencia que un mayor pie de fuerza en los territorios no es garantía de entornos más seguros para el ejercicio de la labor de los liderazgos sociales».
Después de estas regiones, los departamentos donde hubo más agresiones fueron los de Cundinamarca con 21 hechos; Córdoba, con 10; Magdalena, con nueve, y Meta con ocho.
«Preocupa que a pesar de la gravedad de la situación el Estado no ha tomado medidas efectivas para controlar la violencia y el Gobierno persiste en negar su gravedad, lo que podría ocasionar que este año culmine con uno de los mayores registros de asesinatos», advirtió la organización sobre el asesinato de 34 líderes y seis lideresas.
Indígenas y defensores en la mira
Los activistas que pertenecen a comunidades indígenas fueron el tipo de liderazgo más agredido entre julio y septiembre de este año, siendo víctimas del 37 % de los hechos registrados.
Esa violencia motivó a miles de indígenas a sumarse en octubre pasado una movilización nacional que partió principalmente del suroeste del país hasta Bogotá para pedir garantías para sus vidas y el ejercicio de sus luchas en los territorios.
Después de los indígenas, las mayores víctimas de agresiones fueron defensores de derechos humanos (19 %); líderes comunitarios (10 %) y campesinos (9 %), entre otros.
