Las muertes de 24 presos amotinados en la cárcel La Modelo de Bogotá en marzo pasado, cuando supuestamente protestaban para exigir protección contra el coronavirus, «habrían sido intencionales», revela un informe publicado por Human Rights Watch (HRW).
El documento, elaborado por expertos del Independent Forensic Expert Group (IFEG) y el International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) a petición de HRW, señala que «la mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar».
Igualmente menciona que «los informes de autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas, en vez de matarlas».
El IFEG y el IRCT analizaron los 24 informes de necropsias que emitió el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia.
Además del motín de La Modelo -en el que además resultaron heridas 107 personas, 76 de ellas detenidos y 31 guardias penitenciarios, según HRW- entre la noche del 21 de marzo y la madrugada del día siguiente hubo revueltas en cerca de diez cárceles colombianas.
Entre ellas están las de La Picota y el Buen Pastor, de Bogotá, esta última de mujeres; así como en las de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Picaleña, en Ibagué; Jamundí, en el suroeste del país, y Pedregal y Bellavista, en Antioquia.
La rebelión de presos comenzó aparentemente para exigir mejores condiciones sanitarias y de protección contra el coronavirus y por la suspensión de las visitas familiares para reducir los riesgos de contagio.
Investigación sin avances
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, advirtió que pese a que la documentación oficial «indica que las muertes de los detenidos de La Modelo habrían sido intencionales» hasta el momento «no ha habido avances significativos en la investigación penal sobre este caso».
«Las autoridades de la Fiscalía General de la Nación tienen la obligación de adelantar investigaciones oportunas, imparciales y exhaustivas, y garantizar que los responsables por uso excesivo e injustificado de fuerza letal respondan por sus actos», añadió Vivanco.
El IFEG está conformado por 42 especialistas forenses independientes de 23 países que son reconocidos como referentes mundiales en la investigación médico-legal de la tortura, los maltratos y las ejecuciones ilegales, mientras que el IRCT es el principal centro mundial de investigación sobre los efectos físicos y psicológicos de la tortura y los maltratos.
La Exministra y el caso
El 21 de marzo, la entonces ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello, manifestó que las muertes y lesiones se produjeron mientras los guardias penitenciarios impedían un «plan criminal de fuga».
Días después, según HRW, se reveló un audio en el que Cabello le dice a las autoridades penitenciarias que se «siente orgullosa» y que agradece mucho a los guardias por haber impedido la fuga.
En ese sentido, el organismo pidió que cuando Cabello asuma el cargo de procuradora general, en enero próximo, se establezcan «salvaguardias» para que la investigación que realiza ese organismo sea «independiente y exhaustiva a fin de identificar a aquellos que puedan haber cometido delitos».
Avances de la fiscalía
En abril pasado, la Fiscalía General de Colombia denunció que alias «Romaña», uno de los jefes de las disidencias de las FARC y autor en los años 90 de secuestros masivos, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron los instigadores de los motines.
En agosto, Human Rights Watch se reunió con el fiscal general, Francisco Barbosa, quien dijo que hasta ese momento no había sido imputado nadie en este caso.
«El fiscal general sostuvo que los fiscales estaban impulsando tres líneas de investigación distintas sobre la instigación de los motines, las muertes y lesiones, y sobre si los guardias penitenciarios habían empleado fuerza excesiva. Al 13 de noviembre, aún no se habían presentado imputaciones en relación con las muertes o las lesiones», agregó la información.
Ante lo ocurrido en los motines, Vivanco señaló que «una cosa es impedir que escapen personas detenidas y otra muy distinta es llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales de detenidos».
«Las autoridades colombianas tienen la obligación de garantizar una investigación seria y efectiva que determine qué fue lo que ocurrió en La Modelo», concluyó.
