La Procuraduría General suspendió por 10 meses al expresidente de Coljuegos, Rodrigo Vélez Jara, por irregularidades al suscribir negocios jurídicos con empresas que se encontraban inhabilitadas para celebrar contratos de concesión de juegos de suerte y azar u obtener autorizaciones para explotarlos u operarlos.
En fallo de primera instancia, el órgano de control estableció que el directivo incurrió en falta disciplinaria al suscribir un Otrosí con el operador J.E. LTDA, y celebrar un Contrato de Concesión en noviembre de 2013, con la sociedad Empresarios de Apuestas Permanentes del Tolima S.A., sin tener en cuenta que habían sido declarados responsables por evadir el pago de derechos y explotación de juegos de suerte y azar.
El Ministerio Público recordó que existe una ley que prevé que están inhabilitadas para celebrar contratos de concesión “las personas naturales y jurídicas que hayan sido sancionadas por evasión tributaria, mediante acto administrativo o sentencia judicial”.
Para el órgano de control, Vélez Jara incumplió esta normatividad, toda vez que la Empresa Territorial de Salud, multó a la empresa J.E. LTDA el 25 de junio de 2009, y la DIAN a la sociedad SEAPTO S.A. el 10 de mayo de 2012.
Así las cosas, el Ministerio Público encontró que Vélez Jara actuó con irrespeto por las normas que protegen la moral, que están relacionadas con el manejo pulcro, transparente, diligente y cuidadoso de la actividad administrativa, y permite que los ciudadanos mantengan la confianza en sus instituciones y en los servidores que las representan.
Agregó que la responsabilidad en la dirección y manejo de la contratación de Coljuegos radicaba exclusivamente en el jefe o representante legal de la entidad, quien no podía trasladarla a juntas, consejos directivos o comités asesores, y menos aún a funcionarios operativos.
La Procuraduría calificó definitivamente la falta del expresidente como gravísima a título de culpa grave, por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.
La suspensión de 10 meses impuesta al expresidente de Coljuegos se convertirá en salarios de acuerdo a lo devengado por el disciplinado para la época de los hechos, es decir $151’580.470.
