El senador Iván Cepeda, declarado como víctima en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos, pidió al fiscal General, Francisco Barbosa, que garantice la protección de sus derechos y la debida diligencia para investigar el caso.
Cepeda aseguró que el fiscal a cargo del proceso, Gabriel Jaimes, quien es además coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, no ofrece garantías de independencia e imparcialidad para adelantar este proceso.
Jaimes fue designado por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, para seguir la investigación contra Uribe Vélez luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió remitir por competencia la investigación a la Fiscalía.
“Son varios los sucesos que se han hecho públicos que alertan sobre dudosas actuaciones que habría realizado en investigaciones que están a su cargo”, señaló Cepeda.
Según Cepeda, el fiscal Jaimes no cumple con los estándares nacionales e internacionales de independencia e imparcialidad. Sus sospechas están respaldadas además en denuncias de algunos medios de comunicación sobre sus supuestas actuaciones irregulares.
En la audiencia en que se decidió la libertad del expresidente Uribe, el fiscal Jaimes hizo varias críticas a la actuación de la Corte Suprema de Justicia en el caso Uribe, pese a que ese tema no hacía parte de la audiencia.
Cepeda aseguró que mientras la Fiscalía actúa con apremio en defensa de los derechos de Uribe Vélez, los cuales, sin fundamento, considera vulnerados por la Corte Suprema de Justicia, no ha actuado con la misma celeridad en otras investigaciones relacionadas con el caso, ni en defensa de los derechos de las víctimas.
“La defensa de Uribe con el silencio del fiscal Jaimes ha anunciado que intentará destruir aspectos sustanciales de las pruebas entre ellas las interceptaciones obtenidas legalmente y validadas por la Corte Suprema de Justicia en distintas instancias” advirtió Cepeda.
La solicitud al fiscal Barbosa se conoce un día antes de la audiencia en la que un juez definirá si acepta o no la apelación que interpusieron el senador Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo contra la decisión de levantar la medida de aseguramiento domiciliario de Álvaro Uribe.
