El magistrado Jorge Caldas, miembro de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, instaló la audiencia en la que el general (r) Rodolfo Palomino López es acusado de usar su cargo, supuestamente, para intimidar a una fiscal.
El oficial está ante los estrados judiciales luego de que Sonia Lucero Vásquez, quien funge como miembro del búnker de la Fiscalía, denunciara que Palomino estuvo en su lugar de residencia con el fin de “intimidarla” para que cesara las 10 órdenes de captura que tenía en un proceso judicial en contra de la ‘Casa Castaño’.
“El jefe de la unidad de contexto para esa época, doctor Alejandro Ramelli, le asignó a la fiscal Vásquez un único proceso penal, en el cual se investigaba la alianza criminal entre la Casa Castaño y un Fondo Ganadero, en el marco del proceso la fiscal dispuso la captura de 10 personas entre esas la del señor Luis Gallo Restrepo, por presuntos delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y desplazamiento forzado, proceso que se encuentra en juicio”, dijo la abogada de Vásquez.
La penalista añadió que en el marco de tal proceso, se desarrollaron los hechos que tiene a Palomino ante los estrados judiciales. “Se indica que de manera inesperada un día no laboral, un sábado, 8 de febrero de 2004, el señor general Palomino visitó la residencia de Lucero Vásquez, con el fin de que no se emitiera la orden de captura contra Luis Gallo Restrepo”.
La abogada cuestionó la visita de Palomino en el lugar de residencia de la fiscal debido a que tomaron la acción como una intimidación por parte del uniformado, que para la época, fungía como director de la Policía Nacional. “Hizo prevaler su condición de miembro de la Fuerza Pública y su cargo como director para presionar a la doctora Lucero y eso se realizó en un ámbito propio de la intimidad, es decir, en la residencia de la señora Lucero”.
Para la defensora de la fiscal está claro que la presencia de dos uniformados de la policía en el lugar de residencia de la fiscal fue un acto de intimidación dado que allí se encontraban dos menores de edad, hijos de la fiscal.
“La inexplicable visita del imputado a la residencia de la señora Lucero, para ejercer estas presiones indebidas con el propósito que no se hiciera efectiva la orden de captura generó, por parte de la Fiscalía General, medidas de protección”, argumentó la abogada.
A juicio de las demandantes, la intimidación en contra de la fiscal no culminó ahí, sino que días más tarde recibió una llamada en la que la amenazaban. “Le decían que había un lote en el cementerio la inmaculada”, dijo la penalista y añadió que las actuaciones se extendieron durante años después.
Vásquez quien solicitó ante el magistrado declararse como víctima, a través de su abogada, señaló que además de la intimidación en su lugar de residencia, el esquema de seguridad necesario para contrarrestar las amenazas en su contra, también vio truncada su carrera profesional dado que su jefe para la época, Yina Cabarcas, le llamó el mismo día de la visita de Palomino, y le dijo que no debía hacerse efectiva la orden de captura contra Gallo.
Teniendo en cuenta tal situación la fiscal tomó la determinación de hacerse a un lado de la investigación y empezar una acción legal en contra del general en retiro, quien también asistió a la diligencia de manera virtual, en compañía de Isnardo Gómez, quien defiende sus intereses.
El oficial, junto con su defensa, se opuso a que la fiscal fuese declarada como víctima en el proceso, por el contrario, aseguró que la víctima en ese caso es el exdirector de la institución. En su defensa Palomino dijo que si bien había estado en el lugar de residencia de la fiscal, fue porque allí tenía su oficina y espacio laboral, y que estuvo allí para “concretar la operación”.
“Yo fui a una oficina, no me metí en su intimidad. Estuve allí para demostrarle las capacidades institucionales y para garantizar el éxito de la operación. Y así fue, tuvo pleno éxito de la captura de lo que ella esperaba. Más que una víctima, ella siempre gozó de las garantías unánimes”, dijo Palomino en el momento en que el magistrado Caldas le preguntó si accedía a que declararan como víctima a la fiscal.
Pese a que hubo un tiempo estimado para revisar la solicitud, los magistrados de la Sala decidieron suspender la diligencia, deliberar y continuar con el proceso la próxima semana, en la que se prevé que finalmente acusen formalmente al general Palomino.
