La Procuraduría General avanza en la recolección y evaluación de pruebas dentro de la indagación preliminar por las muertes ocurridas durante las protestas del 9 y 10 de septiembre.
Las indagaciones vinculan hechos que le causaron la muerte a Jaider Alexander Castillo, Julieth Ramírez Meza, Germán Smith Puentes, Andrés Felipe Rodríguez, Fredy Alexander Mahecha, Angie Paola Baquero, Mauricio González, Cristian Camilo Hernández, Lorwan Stiven Mendoza, Anthony Gabriel Estrada Espinosa y Cristian Andrés Hurtado, y, además, continúa el juicio en el caso de Javier Humberto Ordóñez Bermúdez.
Las indagaciones, que se iniciaron en aplicación del poder preferente para asumir los procesos que adelantaban la Inspección General y la Oficina de Control Interno de la Policía, busca identificar a los miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá presuntamente comprometidos con excesos en el uso de la fuerza y violación de los derechos humanos de las personas muertas mientras participaban en las manifestaciones y cuando circulaban por diferentes vías de la capital.
Además de las quejas recibidas vía correo electrónico y las remitidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Personería Distrital, la Procuraduría evalúa la información entregada por la Policía Nacional, entre la que figuran los videos de las cámaras de vigilancia, así como el material recaudado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales en los procesos penales que por estos hechos también adelanta la justicia ordinaria.
Estos procesos contarán con el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales del Ministerio Público, de acuerdo a las facultades de Policía Judicial, que se encargará de las visitas a las entidades, recolección y recopilación de pruebas y realización de los informes técnicos.
NO A LA DILACIÓN
Simultáneamente, el Ministerio Público avanza la audiencia disciplinaria virtual contra los patrulleros Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, por el presunto abuso de autoridad y muerte de Ordóñez Bermúdez, ocurrida en la madrugada del 9 de septiembre.
El juicio disciplinario comenzó el 1 de octubre. Los dos patrulleros se presentaron sin defensores a pesar de que habían dejado constancia de contar con abogados de confianza. El ofrecimiento de la Procuraduría de que fueran asistidos por defensores de oficio fue rechazado y los procesados delegaron su representación en profesionales particulares.
La Procuraduría ordenó entregar la totalidad del expediente a los investigados y. sus defensores, como una garantía del derecho de defensa, pese a que ninguna de las partes lo había solicitado, y reprogramó para el lunes 5 de octubre la continuación del proceso.
Restablecida la audiencia, la Procuraduría negó la solicitud de un nuevo aplazamiento y aceptó la práctica de algunas pruebas, que comenzaron en la sesión del martes, entre ellas las declaraciones de algunos testigos de lo que ocurrió con Ordóñez Bermúdez, luego de ser detenido, recibir descargas de pistola taser y ser conducido al CAI del barrio Villa Luz, en el noroccidente de Bogotá.
En la sesión del miércoles, el Ministerio Público negó la solicitud hecha por Lloreda Cubillos en el sentido de que fuera declarada la nulidad de lo realizado en el proceso, por carecer de un abogado de confianza o público para su representación.
El Procurador delegado le recordó que desde la primera sesión la entidad ha protegido este derecho y fue el procesado quien rechazó el abogado de oficio que se le designó, sumado a que el implicado en las últimas horas voluntariamente revocó el poder de su abogado de confianza y decidió asumir su propia defensa para pedir la nulidad del proceso, por lo que el argumento fue rechazado.
