La Procuraduría General llamó la atención al Gobierno nacional sobre la forma desarticulada con la que se avanza en la implementación del Acuerdo de Paz, que ahonda los desafíos y rezagos en el cumplimiento de los compromisos asumidos.
En el segundo informe sobre el avance de la implementación del Acuerdo de Paz presentado al Congreso de la República, el Ministerio Público, aunque reconoció importantes avances, identificó una limitada participación de la ciudadanía, enfoques diferenciales poco desarrollados y problemas de planeación, programación y destinación de recursos financieros.
El órgano de control señaló que a marzo de este año solo se ha cumplido con el 60% de los compromisos previstos en el Plan Marco de Implementación (PMI), que tenía como plazo de ejecución un periodo entre 2017 y 2019.
Además, a juicio del Ministerio Público, no se han diseñado todas las herramientas necesarias para hacer un seguimiento integral al proceso, pues el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) no reporta los recursos invertidos ni las acciones desarrolladas en los territorios, y el 26% de las obligaciones adquiridas no tiene metas establecidas que permitan verificar su ejecución, como ocurre, por ejemplo, con la seguridad de los líderes y defensores.
Para la Procuraduría es necesario que el Estado garantice la seguridad en los territorios para que la oferta social llegue a los municipios más afectados por el conflicto, lo que permitirá reducir las brechas económicas y sociales y lograr la transición de las economías ilícitas a lícitas.
Reforma Rural Integral
Sobre la ejecución de la Reforma Rural Integral y el cumplimiento de las metas establecidas en materia de acceso a la tierra, el Ministerio Público encontró que solo han sido adjudicadas 8.230 hectáreas, cifra que, a juicio de la Procuraduría, es preocupante teniendo en cuenta que el objetivo es entregar tres millones de hectáreas en el año 2027.
Señaló que de 1’001.194 hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras para cumplir con ese propósito, la mayoría presentan ocupaciones previas, lo que dificulta aún más el cumplimiento de la meta establecida. Sobre la formalización de predios, precisó que el 55% de los casos ya avanzados corresponde a procesos decididos antes de la firma del Acuerdo de Paz.
En el informe, el órgano de control pidió agilizar la formulación de los 10 Planes Nacionales Sectoriales (PNS) de la Reforma Rural Integral, que debieron ser adoptados en 2018, y a la fecha solo uno, el correspondiente a vivienda, se encuentra en proceso de actualización y los otros nueve no han sido adoptados.
Si bien el Ministerio Público reconoce avances en la articulación de la oferta institucional para garantizar la presencia del Estado en los territorios afectados por el conflicto, solo una de las 16 subregiones de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) cuenta con Hoja de Ruta Única, principal herramienta para la implementación de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR).
Frente a este panorama, el Ministerio Público pidió que se acelere la formulación y ejecución en las demás subregiones, teniendo en cuenta la participación ciudadana en la priorización de iniciativas, y su integración con los proyectos desarrollados en los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), así como los programas de retorno y reparación colectiva.
La Procuraduría reconoció el esfuerzo del Gobierno nacional para avanzar en la formación y actualización del catastro en 147 municipios del país, y solicitó la asignación de recursos adicionales para cumplir en el cuatrienio con la meta propuesta en el Plan de Desarrollo, que busca la formación y actualización de estos registros en el 60% del territorio y en la totalidad de los municipios que hacen parte de los PDET.
Participación política
La Procuraduría precisó que uno de los mayores rezagos en la implementación del acuerdo tiene que ver con el desarrollo del punto dos, relacionado con la participación política, debido al estancamiento del debate legislativo de proyectos de ley relacionados con las garantías y la promoción de la inclusión de organizaciones y movimientos sociales, así como la movilización y la protesta social, la reforma política y la aprobación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.
Sin embargo, el informe destacó la adopción e implementación del Estatuto para la Oposición, el funcionamiento del Consejo Nacional de Paz y la formalización de aproximadamente 475 Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia.
Reincorporación y garantías de seguridad
Aunque el Ministerio Público pudo ver avances en el proceso de reincorporación, hizo un llamado a culminar la acreditación de los excombatientes, fortalecer el acceso a tierras con fines productivos y aumentar la cobertura de los proyectos aprobados, que en la actualidad solo cobija al 35% de los exintegrantes de las Farc.
Advirtió también la necesidad de fortalecer las estrategias de atención diferencial de grupos poblacionales, de agilizar los tiempos de consolidación de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, constituir el Sistema Nacional de Reincorporación y definir las hojas de ruta individuales.
El ente de control, instó a implementar acciones específicas que permitan reducir los riesgos de seguridad para las personas en proceso de reincorporación, y el fortalecimiento de la capacidad técnica y financiera de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que a marzo de 2020 tenía más de 400 solicitudes pendientes de trámite.
Programa Nacional de Sustición de Cultivos
Frente al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la Procuraduría señaló que se ha limitado a atender a las 99.097 familias vinculadas inicialmente en 56 municipios, y no a las más de 188.000 que firmaron acuerdos colectivos, lo que indica que cerca del 52% de quienes manifestaron su voluntad de avanzar en este propósito no ingresaron al programa.
Estableció que «el PNIS continúa con una operación centrada casi exclusivamente en los pagos de asistencia alimentaria y una focalización limitada a las veredas de los municipios inicialmente intervenidos. Resaltó que el 96% de las comunidades estén cumpliendo sus compromisos de erradicación».
El Ministerio Público reiteró su recomendación de que a la discusión sobre la reanudación de la aspersión aérea con glifosato la preceda una redefinición del programa de sustitución, que cuente con la participación de las comunidades y esté articulado con la Reforma Rural Integral.
El informe reconoce la existencia de lineamientos para desarrollar nuevos modelos de sustitución, pero señala que es preocupante la falta de claridad sobre la estrategia y los recursos para garantizar su implementación.
Verdad, justicia, reparación y no repetición
Frente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), el órgano de control evidenció dificultades en su articulación, particularmente en temas como el seguimiento y cumplimiento del régimen de condicionalidad, y la inexistencia de criterios y rutas unificadas para la atención y participación de las víctimas.
No obstante, identificó avances en el cumplimiento del mandato y funciones de las tres entidades que conforman el sistema, como la recolección de testimonios y la creación de espacios de escucha, reconocimiento y diálogo por parte del Comisión de la Verdad, la formulación del Plan Nacional de la Unidad de Búsuqeda de Personas dadas por Desaparecidas y los 11 planes regionales, así como la apertura de siete macrocasos en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Sin embargo, hizo un llamado a cada una de las entidades que integran el sistema para que fortalezcan la implementación de estrategias articuladas a fin de que los comparecientes conozcan y cumplan con sus obligaciones de contribución a la verdad. También, para que haya una mayor coordinación entre las entidades del SIVJRNR y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
Indicó que los procesos de reparación colectiva continúan teniendo «cuellos de botella» que impiden su efectiva implementación, pues solo el 2% de los 156 planes aprobados culminaron el proceso, y las metas previstas para atención psicosocial no evidencian un aumento de cobertura, en particular, en espacios rurales.
Presupuesto y Financiación
En cuanto al presupuesto y financiación, la Procuraduría halló deficiencias en materia de planeación, distribución, ejecución y seguimiento de los recursos, así como una excesiva concentración en unos pocos proyectos de inversión. Solo el 5% de los proyectos concentró el 60% de los recursos del presupuesto general destinado a la implementación del acuerdo.
Respecto de la planeación de recursos para la paz, el Ministerio Público hizo un llamado para actualizar los cálculos que soportan las proyecciones realizadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2017/2018, que sirven de referencia para la formulación de los Planes Plurianuales de Inversión para la Paz.
Finalmente, el Ministerio Público puntualizó que es necesario mejorar los tiempos de ejecución de los proyectos, para lo cual se requiere identificar las causas que están generando retrasos innecesarios en el uso de los recursos, pues menos del 1% de los proyectos aprobados a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz (OCAD Paz), se encuentran terminados, el 23% están contratados, pero sin acta de inicio, y otro 24% están sin contratar o en proceso de contratación.
