Para representar los intereses del Estado colombiano, como presunto afectado por este acto de corrupción, la Contraloría General se constituirá como víctima en el proceso penal contra Fernando Trujillo Gómez, capturado por la Fiscalía como presunto responsable de vender carne de caballo y de burro a operadores del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Bucaramanga y algunos municipios de Santander.
“Este es un atentado contra la vida y los derechos fundamentales de los niños afectados”, manifestó el contralor general Carlos Felipe Córdoba, quien ordenó a la contralora Delegada de Investigaciones y Juicios Fiscales, Soraya Vargas, que designe un abogado de esta dependencia, al que se le entregue el poder respectivo y se haga parte dentro del proceso penal.
La Contraloría adelanta 184 investigaciones por irregularidades en el manejo del PAE, que suman más de $74 mil millones, que involucran al departamento de Santander, y a Bolívar, La Guajira y Sucre, entre otras.
Según la Contraloría, hasta en un 35% de los contratos del PAE no se cumplen los estándares mínimos de calidad. El mes pasado la Contraloría produjo 30 alertas por presuntos sobrecostos de $34.856 millones en contratación del PAE durante la pandemia.
